Docentes, estudiantes y autoridades universitarias convocaron a una jornada de protesta este martes frente al Palacio de Tribunales para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, aprobada por el Congreso y sin aplicación efectiva por parte del Gobierno nacional.
Docentes, estudiantes y autoridades universitarias protagonizarán este martes una nueva jornada de protesta frente al Palacio de Tribunales para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, aprobada por el Congreso y todavía sin aplicación efectiva por parte del Gobierno nacional. La convocatoria se desarrollará entre las 11 y las 17 bajo la consigna “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, en continuidad con la movilización universitaria realizada semanas atrás.
La protesta incluirá clases abiertas dictadas por profesores universitarios frente al edificio de la Corte Suprema para visibilizar el impacto del ajuste sobre las universidades públicas. Desde la comunidad académica afirmaron que las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei afectan salarios, becas, investigación científica y el funcionamiento general del sistema universitario. “Reclamamos una respuesta urgente”, expresaron los organizadores de la actividad, encabezados por trabajadores docentes y no docentes.
A partir de las 15 participarán distintas figuras vinculadas al ámbito político y universitario. Entre los presentes estarán la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo, y los diputados nacionales del Partido Justicialista Lucía Cámpora e Itaí Hagman. También formará parte de las clases el antropólogo y secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi. Durante el mediodía expondrán el politólogo Luis Tonelli y el constitucionalista Cristian Cao, quienes brindarán clases públicas sobre República, división de poderes y Derecho Constitucional.
La actividad central se realizará desde las 12 en Plaza Lavalle y estará organizada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Las organizaciones remarcaron que el reclamo apunta a exigir que la Corte Suprema se expida “a la brevedad” sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto gira alrededor de la aplicación de la ley sancionada por el Congreso durante 2025 para garantizar el financiamiento del sistema universitario nacional y recomponer salarios docentes y nodocentes. El Poder Ejecutivo continúa sin implementarla. Desde el Gobierno argumentaron que la normativa afecta el objetivo de “equilibrio fiscal” y sostuvieron que la ley no definió claramente la fuente de financiamiento destinada a cubrir gastos operativos y salarios universitarios. Para evitar su aplicación, el Ejecutivo decidió suspender la norma mediante decreto y apeló distintas resoluciones judiciales favorables a las universidades.
Las universidades nacionales avanzaron por la vía judicial para exigir el cumplimiento efectivo de la ley. Tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal obtuvieron fallos favorables que ordenaron al Estado cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley N.º 27.795. Las resoluciones judiciales ratificaron la vigencia plena de la norma y remarcaron la obligación estatal de garantizar el financiamiento universitario. Sin embargo, el pasado 7 de mayo la Sala III de la Cámara concedió un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, habilitando la intervención de la Corte Suprema. Ahora será el máximo tribunal del país quien deberá resolver si mantiene o revoca la cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles.
Frente a ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió avanzar con un nuevo planteo institucional ante la Corte Suprema para acelerar una definición. Además, las universidades solicitaron que el juez de primera instancia avance sobre la cuestión de fondo vinculada al cumplimiento integral de la ley. Desde el sistema universitario remarcaron que la falta de financiamiento adecuado pone en riesgo el funcionamiento cotidiano de las universidades, la calidad de la educación pública, la investigación científica, el sistema de salud universitario, y las tareas de extensión y asistencia social. Las organizaciones convocantes remarcaron además el valor histórico del sistema universitario argentino. “La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina, sustentada en los principios de gratuidad, autonomía, inclusión social y excelencia académica, que requieren para su sostenimiento un financiamiento adecuado”, señalaron.