Un conflicto institucional por despidos y la eliminación de más de mil servicios técnicos en el INTI genera incertidumbre sobre controles de calidad y certificaciones clave para la producción y el comercio exterior.
La reconfiguración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa un momento de alta tensión. A la eliminación de más de 1.000 servicios técnicos, formalizada mediante la resolución 42/2026, se suma un conflicto interno por un posible recorte de personal que podría superar los 1.400 trabajadores. El presidente del organismo, Miguel Romero, rechazó firmar las cesantías solicitadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, sosteniendo que la reducción de servicios no implicaba necesariamente un ajuste de esa magnitud en la planta laboral.
Esta negativa abrió una disputa dentro del instituto, en paralelo a asambleas y protestas de los trabajadores. En términos operativos, el impacto más inmediato recae sobre la eliminación de ensayos técnicos clave, muchos vinculados al control de alimentos, calidad industrial y certificaciones necesarias para el comercio exterior. Entre los servicios discontinuados se encuentran análisis sobre contaminantes, vida útil de productos, detección de adulteraciones y estudios de composición en alimentos y bebidas.
Para el sector agropecuario, el alcance es particularmente sensible. La quita de estos controles afecta la certificación de calidad en granos, carnes y economías regionales, así como la detección de residuos veterinarios y micotoxinas. Ensayos como los vinculados a la presencia de deoxinivalenol (DON) en trigo y maíz o la verificación de ADN en soja son herramientas técnicas clave para evitar rechazos en mercados internacionales. También se ven comprometidos procesos de trazabilidad, fundamentales para exportaciones de carne y derivados, donde Argentina debe garantizar estándares sanitarios y de origen. En producciones como la miel, donde el país es uno de los principales exportadores mundiales, la eliminación de controles genera interrogantes sobre la detección de adulteraciones y enfermedades que afectan a las colmenas.
Desde el Gobierno, la medida fue justificada como parte de una política de reducción de gastos y eliminación de servicios considerados no esenciales o subsidiados. El argumento oficial sostiene que muchos de estos ensayos pueden ser realizados por el sector privado y que su financiamiento estatal implicaba distorsiones. Sin embargo, desde el sistema científico-tecnológico y desde sectores productivos se advierte que no todos los servicios tienen un reemplazo inmediato en el ámbito privado, especialmente aquellos que funcionan como respaldo independiente para certificaciones, transporte de sustancias peligrosas o validaciones exigidas por organismos nacionales e internacionales.
El conflicto en el INTI se da en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos técnicos del Estado. En paralelo, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional anunciaron medidas de fuerza que incluirán un «apagón informativo», lo que podría afectar la disponibilidad de pronósticos y alertas clave para la planificación agropecuaria. Este escenario plantea interrogantes sobre cómo sostener estándares de calidad, seguridad y competitividad con una menor intervención estatal en áreas críticas para la producción y las exportaciones.