La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Donald Trump en el caso Mullin v. Doe, permitiendo la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350 mil haitianos y sirios. La resolución establece que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) son discrecionales y no pueden ser revisadas por tribunales.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló por seis votos contra tres a favor de la administración de Donald Trump en el caso Mullin v. Doe. La resolución permite terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350 mil ciudadanos de Haití y unos 4 mil de Siria.
El programa TPS fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como un mecanismo de protección humanitaria para ciudadanos extranjeros cuyos países atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. Bajo esa figura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede conceder permisos temporales para residir y trabajar legalmente en EE.UU. por períodos de seis, doce o dieciocho meses, con posibilidad de renovarlos.
Según Los Angeles Times, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, alrededor de 1,3 millones de personas de 17 países contaban con TPS. La decisión judicial sobre Haití y Siria podría afectar a la totalidad de ese universo, al sentar un precedente para futuras cancelaciones del programa.
El eje de la disputa era determinar si los tribunales podían revisar la forma en que el Gobierno decidió cancelar las protecciones temporales. El American Immigration Council señala que tribunales inferiores frenaron previamente la eliminación del TPS al considerar que la administración no había seguido el procedimiento exigido por el Congreso. Ese proceso contempla una evaluación entre distintas agencias federales para determinar si las condiciones en el país de origen mejoraron antes de poner fin a la protección.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema concluyó que la ley limita la posibilidad de presentar demandas contra las “determinaciones” vinculadas al TPS, por lo que los jueces no pueden revisar si el secretario del DHS cumplió correctamente con esos procedimientos. La resolución no afirma que el gobierno haya respetado todos los pasos previstos por la legislación, sino que sostiene que los tribunales carecen de competencia para analizar ese aspecto.
Una vez que la decisión entre en vigor durante los próximos días o semanas, muchos beneficiarios pasarán a estar en situación migratoria irregular y podrían perder la autorización de empleo que obtenían gracias al programa. Entre los principales efectos previstos se encuentran: pérdida del estatus legal otorgado por el TPS, finalización del permiso para trabajar, riesgo de quedar en condición migratoria irregular y posibilidad de enfrentar procesos de deportación si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
La organización también sostiene que el fallo permitirá al gobierno volver a los tribunales federales para intentar revertir decisiones que anteriormente habían impedido cancelar el TPS para ciudadanos de países como Venezuela, Somalia y Etiopía.
Salvo que el Congreso apruebe una legislación que otorgue un estatus migratorio permanente a los beneficiarios del TPS, cientos de miles de personas quedarán expuestas a perder tanto su autorización laboral como la protección frente a una eventual deportación. El fallo tampoco impide que el gobierno evalúe otros países actualmente incluidos en el programa.
Todavía permanecen bajo TPS cerca de 300 mil personas cuya protección no expiró o aún no fue cancelada. Entre ellas figuran casi 200 mil ciudadanos de El Salvador, que mantienen ese beneficio desde hace más de 25 años, y alrededor de 50 mil ucranianos incorporados tras el inicio de la guerra con Rusia.