El proyecto de ley enviado por el Gobierno al Senado propone limitar las pensiones por invalidez a quienes no puedan trabajar, reabriendo una discusión sobre el impacto en personas con discapacidad.
El proyecto de ley que el Gobierno envió al Senado la semana pasada busca limitar las pensiones por invalidez y reabre una discusión sensible: ¿esa ayuda económica, de 336 mil pesos, la deben cobrar solo quienes no pueden trabajar? Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) consideran que es “un error” suspender el beneficio si la persona tiene un empleo, tal como lo estipula el proyecto oficial.
Alejandro Cytrynbaum, secretario de la institución, cree que podría empujar a miles de personas a la pobreza. “Me parece un gravísimo error. Es muy poquito lo que se percibe, menos que una jubilación mínima. Nadie puede vivir solo con eso”, afirmó.
Según cifras oficiales, hay cerca de 1,2 millones de pensiones activas en todo el país. Originalmente, la pensión por invalidez era una ayuda para familias vulnerables con personas con discapacidad, que se cortaba si la persona accedía a un empleo. “Después de muchos años de lucha habíamos logrado que el trabajo y la pensión no fueran incompatibles”, señaló Cytrynbaum.
En cuanto a los empleos a los que acceden las personas con discapacidad, Cytrynbaum explicó que suelen ser de media jornada y con sueldos magros, lo que hace imposible subsistir solo con ese ingreso. Además, la pensión garantiza una obra social, por lo que perderla también implicaría quedar sin cobertura médica.
El 80% de las personas con discapacidad no consiguen trabajo, y en el caso del síndrome de Down, el 93% de quienes tuvieron formación laboral no acceden a un empleo. “Este proyecto es totalmente regresivo, porque va en contra del crecimiento de las personas”, concluyó Cytrynbaum.