El máximo tribunal del país elevó al Consejo de la Magistratura una propuesta formal para modificar el sistema de selección de jueces federales y nacionales. Mediante la acordada 4/2026, la Corte aprobó un «Reglamento de concursos para la selección de magistrados» y lo sometió a consideración del órgano encargado de las designaciones.
Un sistema para reducir las vacancias
La reforma llega en un contexto donde más de un tercio de los cargos judiciales se encuentran sin titular, situación que afecta el funcionamiento del Poder Judicial. El nuevo esquema propone la realización de concursos anticipados, es decir, antes de que se produzcan las vacantes definitivas. Esto permitiría cubrir los puestos de manera inmediata, evitando los plazos actuales que suelen extenderse entre dos y tres años.
Cambios en los mecanismos de evaluación
El proyecto introduce modificaciones sustanciales en las evaluaciones. En primer lugar, establece dos exámenes consecutivos: una prueba inicial automatizada de opción múltiple que mide conocimientos generales de derecho, y un segundo examen centrado en la resolución de casos prácticos.
Además, se propone separar las funciones de elaboración y corrección de los exámenes para prevenir posibles filtraciones. El sistema refuerza el anonimato de los postulantes durante las etapas escritas.
Límites a la discrecionalidad en las entrevistas
Uno de los aspectos más significativos del nuevo reglamento es la regulación de la etapa de entrevistas personales. Actualmente, los consejeros pueden alterar sustancialmente el orden de mérito obtenido en las evaluaciones objetivas mediante argumentos subjetivos sobre el desempeño en la entrevista.
La propuesta de la Corte reemplaza este mecanismo por un sistema de puntaje basado en indicadores objetivos, con límites predefinidos para las variaciones en el orden de mérito. Esto busca eliminar los ascensos o descensos abruptos de los candidatos en la lista final.
Objetivo: mayor transparencia y celeridad
La iniciativa del máximo tribunal apunta a dos objetivos centrales: agilizar la cobertura de las numerosas vacancias judiciales y aumentar la transparencia en el proceso de selección. Al desvincular las pruebas de un cargo específico, se busca además reducir posibles influencias políticas en las designaciones.
El Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar la propuesta y decidir sobre su implementación. La reforma llega después de años de debates internos sobre la necesidad de modernizar el sistema de concursos, en un contexto de creciente preocupación por la eficiencia del servicio de justicia.