CTERA rechazó la «Ley de Libertad Educativa» y alertó por un «ataque al sistema democrático»

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) rechazó este jueves el proyecto “Ley de Libertad Educativa” impulsado por el Gobierno, al que definió como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”. En un extenso comunicado, la organización sostuvo que la iniciativa busca barrer con la Ley de Educación Nacional, limitar el rol del Estado y avanzar hacia un esquema privatista que “retrocede al siglo XIX”.

En el documento, la organización señaló que el proyecto “arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.

También denunció que quienes impulsan la iniciativa “intentan derogar la ley de educación vigente (LEN 26.206)”, una norma aprobada en 2006 tras “amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad”.

Las criticas al proyecto «Ley de Libertad Educativa»: “responde a intereses de las corporaciones empresariales»

Según CTERA, la propuesta desconoce “el proceso de participación respetuosa y plural” que permitió establecer a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público. En cambio, remarcó que el nuevo texto “responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado”, al redefinir la educación como “un servicio” y priorizar “los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales”.

La central docente expresó su preocupación por el uso “banalizado” del concepto de libertad y afirmó que el proyecto busca “eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”.

CTERA también rechazó la idea de que la familia sea considerada la responsable primaria de la educación, lo que -según el comunicado- “obtura cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social”. Además, advirtió por la introducción de formación religiosa confesional en escuelas públicas y por el impulso al homeschooling.

El rechazo se extendió al intento de anular artículos centrales de la Ley de Educación Nacional. El comunicado recordó que el Artículo 9° garantiza que el financiamiento del sistema no será inferior al 6% del PBI, mientras que el Artículo 10° impide firmar acuerdos comerciales que conciban la educación como un servicio lucrativo.

CTERA alertó que el proyecto propone reemplazar el financiamiento del sistema por un esquema de financiamiento a la demanda, basado en vouchers para que las familias paguen escuelas privadas.

Además, la organización denunció un intento por avanzar sobre derechos laborales: el proyecto declara a la educación general básica como “servicio esencial” y promueve la “continuidad mínima del servicio educativo” durante medidas de fuerza, lo que, señala CTERA, busca limitar el derecho a huelga. También introduce pruebas estandarizadas obligatorias al finalizar primaria y secundaria y un sistema de evaluación docente punitiva “ligada a los postulados de la meritocracia”.

El comunicado concluye con un mensaje contundente: “Rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores de la derecha en el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública. Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”.

Hugo Yasky denunció una “reforma terraplanista” que desarma el sistema educativo

El Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, calificó el proyecto de “Ley de libertad educativa” como un “mamarracho terraplanista” que “destrozaría el sistema educativo nacional”. Sostuvo que la iniciativa elimina la responsabilidad indelegable del Estado y la transfiere directamente a las familias, habilita la educación religiosa en escuelas públicas, permite el homeschooling, considera la educación un servicio, elimina compromisos de financiamiento y deja en manos de cada institución el diseño de planes de estudio y la organización del tiempo escolar.

Yasky remarcó que, a diferencia de la Ley de Educación Nacional de 2006, debatida en todo el país con participación de docentes y familias, esta propuesta circula sin autoría oficial y sin debate democrático. “La educación puede y debe mejorarse”, señaló, pero advirtió que nada tiene que ver con “un adefesio ultramontano” que, según su lectura, busca desmontar derechos, desfinanciar el sistema y volver a un modelo previo a la constitución del Estado moderno.