El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que, bajo el tema de la soberanía de Malvinas, incorpora capítulos que establecen penas de prisión para conductas como ‘campaña de desinformación’ y ‘manipulación de la opinión pública’, y crea un consejo presidido por el presidente de la Nación para sancionar interferencias extranjeras en el proceso decisorio del Gobierno.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que, bajo los auspicios de la soberanía de Malvinas, incluye asuntos que exceden los contornos geográficos y simbólicos de las islas. La iniciativa contiene capítulos variados, entre los que se destacan dos que apuntan a establecer una política de la verdad.
El proyecto penaliza con cárcel conductas definidas como ‘campaña de desinformación’ y ‘manipulación de la opinión pública’. Además, crea un Consejo integrado por el presidente de la Nación y algunos de sus ministros, que puede imponer sanciones ante conductas como la interferencia por medios engañosos en el proceso decisorio del Gobierno, con el requisito de que medie cualquier tipo de influencia extranjera.
En el mundo existe un problema serio a partir de las tecnologías de redes. Se ha visto su uso benéfico y también su lado oscuro, incluso con la participación activa en campañas políticas por otros países. El proyecto propone reglarlo con un método que, según el texto original, remite a antecedentes históricos preocupantes.
La palabra presidencial ha descalificado la información estatal, al sostener que las cifras del Indec son cualquier cosa. La cabeza del Estado dice que miente el organismo encargado de decir la verdad que alimenta la brújula que mide quiénes somos y dónde estamos.
De un lado, la degradación de la verdad estatal; del otro, un proyecto para que se controle qué es la verdad. El texto original concluye: ‘Se trata de correr el velo, no de ponerlo’.