El titular del IPDUV, Fernando Berecoechea, reconoció que casi la mitad de los adjudicatarios no paga en término, mientras 170.000 familias esperan una solución habitacional y hay 900 casas en ejecución.
El gobierno de Leandro Zdero quedó frente a sus propios números después de que el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, admitiera una morosidad cercana al 50 por ciento y cifrara en 67.500 unidades el déficit habitacional de Chaco.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Berecoechea expuso esos datos al explicar la moratoria que el organismo habilitó para adjudicatarios con cuotas ajustables.
El régimen permite refinanciar saldos pendientes en planes de entre 120 y 360 cuotas, es decir, hasta 30 años.
El propio funcionario sostuvo que el recupero de las cuotas es indispensable para sostener nuevas viviendas, pero reconoció que casi uno de cada dos beneficiarios no cumple regularmente.
Berecoechea indicó que unas 170.000 familias permanecen inscriptas en el registro provincial y que el déficit calculado ronda las 67.500 viviendas.
Frente a ese universo, el organismo tiene alrededor de 900 casas en ejecución, una cantidad equivalente a poco más del uno por ciento del faltante reconocido.
La gestión de Zdero exhibe como resultado la entrega de aproximadamente 7.000 títulos de propiedad y fijó una meta de 10.000 para el final del mandato.
El IPDUV también informó que un 59 por ciento del parque habitacional presenta algún tipo de déficit y que existen expedientes administrativos sin resolver desde hace más de dos décadas.
Berecoechea conduce el organismo bajo la órbita de Zdero y la moratoria fue presentada como respuesta oficial a un sistema que combina cuotas impagas, demoras dominiales y una producción de viviendas muy inferior a la demanda.
La administración provincial intenta convertir la refinanciación en una herramienta de previsibilidad.
Extender deudas hasta tres décadas puede ordenar legajos y sumar recaudación, aunque no modifica la diferencia entre las familias anotadas, el déficit reconocido y las obras efectivamente iniciadas.