Un matrimonio propietario de una concesionaria de autos en Pilar fue detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas que afectan a 47 clientes, entre ellos un diputado nacional y un hermano del exjugador de rugby Agustín Pichot.
La Policía detuvo a Carlos Alberto González (42) y Cynthia Chamoles (44), dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada en la Colectora Oeste de la Panamericana, kilómetro 39.5, en la localidad bonaerense de Manuel Alberti. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de una causa por estafa y asociación ilícita que investiga la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana.
Según fuentes judiciales, la pareja está acusada de haber estafado al menos a 47 clientes, quienes señalaron vehículos que nunca fueron entregados. También se les atribuye haber vendido unidades entregadas en consignación sin que sus propietarios recibieran el pago correspondiente.
Entre los damnificados figuran el diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas, Agustín Pichot. En el caso de Pichot, la denuncia indica que entregó su camioneta Ford Ranger Raptor 3 en consignación para su venta, y que los imputados dispusieron del vehículo sin rendir cuentas ni restituirlo.
El diputado Quintar, por su parte, había denunciado haber pagado 285.000 dólares por una camioneta Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada.
La detención se produjo en una vivienda del barrio cerrado Los Condes, en Pilar, donde se incautaron tres teléfonos celulares. En mayo, la Justicia ya había secuestrado 19 vehículos de alta gama en la concesionaria, valuados en cerca de 1.300.000 dólares, que se exhibían en lugares no habilitados y presentaban irregularidades.
La investigación se inició en mayo, a partir de las primeras denuncias. Según las autoridades, la maniobra no habría sido un hecho aislado, sino parte de un esquema organizado que operaba bajo apariencia de actividad lícita.
Fuentes del caso señalaron que, pese a estar bajo investigación, los acusados continuaban publicitando vehículos en redes sociales y plataformas de venta online. La organización estaría integrada por alrededor de diez personas, y el mecanismo consistía en captar dinero para la venta o importación de unidades, sin entregar los vehículos ni transferir los montos a los consignatarios.
González registra un procesamiento previo por desobediencia a funcionario público, dictado en 2024 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con un embargo de 300 millones de pesos.