La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, prevé aprobar en septiembre una reforma constitucional que impedirá la participación electoral de opositores desnacionalizados calificados como ‘traidores a la patria’. La iniciativa, impulsada por Rosario Murillo, ha generado reacciones internacionales.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, tiene previsto aprobar en septiembre, en primera legislatura, una reforma parcial a la Constitución que excluirá de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”. La iniciativa fue impulsada por Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega y designada copresidenta por reforma constitucional.
Murillo informó a medios oficiales que el proceso de reforma será consultado previamente con todos los sectores sociales antes de su votación en los primeros días de septiembre. El anuncio se produjo tras una reunión entre diputados y embajadores acreditados en Managua.
El Parlamento, presidido por Gustavo Porras, ya inició el proceso de consultas con distintas entidades, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Estas instituciones operan bajo coordinación del Gobierno, que mantiene el control del aparato estatal desde hace más de una década.
La reforma constitucional propuesta busca impedir la participación electoral de quienes fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense y calificados oficialmente como “traidores a la patria”. Esta medida se produce tras la declaración de Ortega durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, en la que afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones”.
En el mismo acto, Ortega, de 80 años, sostuvo que el objetivo es evitar que la oposición intente acceder al poder a través de comicios. “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró.
Reacciones internacionales
Diversos países y organismos internacionales expresaron preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y la iniciativa de reforma. Entre ellos se encuentran Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
Durante la última semana, el presidente del Parlamento, Porras, matizó las palabras de Ortega y aseguró que sí se celebrarán elecciones bajo un nuevo marco constitucional. El objetivo, según explicó a medios oficiales, es blindar los comicios ante supuesta injerencia extranjera y excluir a los opositores calificados como “traidores”.
Contexto de la reforma constitucional
Desde 2007, Ortega se ha mantenido en el poder en medio de acusaciones de fraude electoral y persecución política. La actual propuesta legislativa también contempla declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial.
Las modificaciones constitucionales coinciden con un endurecimiento de la política interna, que ha incluido la desnacionalización y el exilio forzado de líderes opositores y activistas en los últimos años. Diversas organizaciones internacionales han documentado estos procesos.
El Gobierno de Nicaragua sostiene que las reformas buscan defender la soberanía y estabilidad del país. La oposición y diversos actores internacionales consideran que estas medidas suponen un cierre del espacio democrático y un intento de perpetuación en el poder.
La Asamblea Nacional continuará las consultas durante agosto, con previsión de someter el texto final a votación a inicios de septiembre, según el calendario oficial divulgado por las autoridades.