La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, publicó un mensaje en redes sociales contra el presidente Donald Trump y sus aliados en el Congreso, en el marco de una creciente tensión política que incluye una demanda del Departamento de Justicia contra el estado.
La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, se refirió al momento político en Estados Unidos a través de un mensaje en la red social X. En su publicación, afirmó: “Sé que estamos viviendo en un tiempo de gran división. Y este presidente, su administración y sus aliados en el Congreso avivan esa división a diario”.
Spanberger sostuvo que existe un interés común que puede unificar a los ciudadanos: “Si hay una cosa que puede unificarnos, es la noción de que queremos mantener nuestras comunidades seguras y fuertes”, declaró.
El cruce entre la mandataria demócrata y el gobierno republicano tiene antecedentes recientes. En junio, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra Virginia, su fiscal general y el fiscal del condado de Fairfax. La acción judicial cuestionó dos leyes estatales impulsadas por Spanberger que limitan las facultades de las agencias federales en el territorio.
Una de las normativas impugnadas es la ley SB 352, que prohíbe el uso de máscaras tácticas por parte de fuerzas de seguridad durante procedimientos oficiales y exige que los agentes muestren una identificación clara con su nombre y organismo correspondiente. El DOJ sostiene que los estados no pueden regular la vestimenta ni los métodos operativos de los oficiales federales.
La segunda ley cuestionada es la SB 783, que impone restricciones sobre los acuerdos del programa 287(g), los cuales permiten la colaboración entre fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La norma exige condiciones específicas de jurisdicción y transparencia tecnológica. El gobierno federal afirmó que estos requisitos dificultan la operatividad del programa.
El fiscal general interino, Todd Blanche, calificó las leyes como políticas “antifuerzas del orden” que ponen en riesgo a los agentes. Por su parte, el fiscal general adjunto, Stanley Woodward, aseguró que la ley SB 352 afecta la seguridad de los agentes y la eficacia de las investigaciones criminales.