El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República pidieron una condena superior a 31 años de cárcel para Francia Sofía Medina Martínez, exfiscal declarada culpable de sustraer casi 89 millones de lempiras de fondos custodiados en el Banco Central de Honduras.
El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron una condena superior a los 31 años de prisión contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, tras ser encontrada culpable de sustraer casi 89 millones de lempiras de fondos que permanecían bajo custodia en el Banco Central de Honduras (BCH).
La petición fue presentada durante la audiencia de individualización de la pena desarrollada en la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Los entes acusadores expusieron los argumentos para que se imponga una de las condenas más severas derivadas de un caso de corrupción dentro del sistema de justicia hondureño.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicitó una multa de 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavos, así como 20 años de inhabilitación absoluta y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Francia Sofía Medina Martínez fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por los delitos de lavado de activos, uso de información privilegiada, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia y falsificación continuada de documentos públicos.
Por el delito de lavado de activos, el Ministerio Público solicitó una pena de 16 años y tres meses de prisión, además de una multa millonaria y la correspondiente interdicción civil.
Asimismo, por la sustracción y ocultamiento de documentos en custodia, los fiscales solicitaron cuatro años de cárcel adicionales y una multa superior a los dos millones de lempiras.
En cuanto al uso de información privilegiada, la petición asciende a tres años de prisión, acompañada de una multa que supera los 365 millones de lempiras.
Por otra parte, por el delito de falsificación continuada de documentos públicos, los representantes de la acusación solicitaron ocho años de prisión adicionales e inhabilitación especial para desempeñar funciones públicas.
De acuerdo con las investigaciones, la exfiscal aprovechó su cargo dentro de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) para realizar retiros irregulares de dinero que permanecía bajo custodia judicial en las bóvedas del Banco Central de Honduras en San Pedro Sula.
Las pesquisas establecieron que entre 2019 y 2023 habría efectuado decenas de retiros mediante documentación alterada y utilizando información reservada relacionada con procesos judiciales ya concluidos.
Según la resolución judicial, el monto sustraído alcanzó los 88 millones 843 mil 43 lempiras, convirtiéndose en uno de los mayores desfalcos registrados dentro del sistema judicial hondureño.
Las investigaciones financieras también revelaron una desproporción significativa entre los ingresos legítimos de la exfuncionaria y el patrimonio acumulado durante ese período.
El Ministerio Público acreditó que Medina Martínez adquirió bienes inmuebles, vehículos, relojes, joyas y otros artículos de lujo valorados en más de 91 millones de lempiras, mientras que sus ingresos legales apenas superaban los 2.3 millones de lempiras.
Como parte del proceso, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó allanamientos y aseguró siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias vinculadas al caso.
Las autoridades sostienen que parte de los recursos fueron movilizados a través del sistema financiero mediante depósitos y transferencias que buscaban dificultar el rastreo del dinero y ocultar su origen ilícito.
El caso también involucra a Germán René Silva Lemus, expareja sentimental de la exfiscal, quien continúa siendo buscado por las autoridades mediante una orden de captura pendiente.
La lectura oficial de la sentencia quedó programada para el próximo 30 de junio, fecha en la que el Tribunal de Sentencia determinará la pena definitiva que deberá cumplir la exfuncionaria.