El Congreso de Guatemala solicitó al Ejecutivo declarar lesiva la adjudicación de la frecuencia 5G tras una sesión en la que diputados del bloque Cabal citaron a autoridades para revisar la subasta pública de la banda de 700 MHz realizada el 12 de septiembre de 2023.
El Congreso de Guatemala solicitó al Ejecutivo declarar lesiva la adjudicación de la frecuencia 5G tras una sesión en la que diputados del bloque Cabal, encabezados por Luis Aguirre, citaron a autoridades para revisar la subasta pública de la banda de 700 MHz realizada el 12 de septiembre de 2023.
Durante la exposición, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) informó que adjudicó 60 MHz del espectro radioeléctrico, divididos en seis bloques de 10 MHz, por un total de Q1.006 millones (aproximadamente $129,806,451.61).
Solo participaron dos compañías telefónicas. Herber Rubio, titular de la SIT, afirmó que hasta la fecha no se ha localizado el estudio de precio ni la valoración técnica de las frecuencias que sustentara el precio base.
Luis Aguirre sostuvo que en la subasta hubo “competencia limitada”, ya que las ofertas apenas superaron el precio base y no se generó una puja que maximizara el ingreso para el Estado. Según las estimaciones presentadas, el Estado pudo haber percibido entre un 124% y un 255% más del monto adjudicado.
El precio de referencia por cada bloque de 10 MHz fue de Q335.357.440 ($44,001,000), aunque Aguirre puntualizó que no hay constancia de un estudio técnico que respalde esa cifra.
Javier Bauer, presidente de la Superintendencia de Competencia (SiCom), explicó que la entidad no puede intervenir en la adjudicación, ya que su funcionamiento inició en diciembre de 2025 y los capítulos relacionados con defensa de la competencia y control de concentraciones económicas entrarán en vigor en diciembre de 2026. Según Bauer, la legislación no tiene efecto retroactivo, por lo que los procesos anteriores no pueden ser revisados bajo la nueva normativa.
Ante este escenario, los diputados del bloque Cabal pidieron al Ejecutivo formalizar una declaratoria de lesividad, fundamentada en los artículos 19 y 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo (Decreto 119-96). Esta acción permitiría al Estado declarar que el contrato de adjudicación resulta perjudicial para el interés público, siempre que la medida se adopte antes del vencimiento del plazo legal de tres años, el próximo 12 de septiembre.
Aguirre también anunció la presentación de una denuncia contra Marco Antonio Baten Ruiz, exsuperintendente de Telecomunicaciones entre diciembre de 2020 y enero de 2024, por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y fraude en las subastas de 2023, en las que se asignaron diversos rangos de frecuencias a empresas de telecomunicaciones.
Durante la sesión, los legisladores cuestionaron el retraso en la publicación del reglamento operativo de la Ley de Portabilidad Numérica (Decreto 14-2025), a cargo de la SIT, cuya emisión estaba programada para el 28 de enero de este año. La normativa permite a los usuarios cambiar de operador sin perder su número telefónico.
Al término de la reunión, los diputados solicitaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el traslado del informe de validación técnica y jurídica sobre el usufructo de las frecuencias para establecer una mesa de trabajo que dé seguimiento al caso. El objetivo es responder a las quejas de usuarios sobre la calidad de los servicios ofrecidos por las empresas adjudicatarias.
En la reunión también participaron los diputados Kevyn Escobar, vocal de la Comisión Permanente; Julio Lopez, quinto secretario de la Junta Directiva; Byron Tejeda, Julio Héctor Estrada, Randy Coc, Esdvin Javier, Manuel Archila y Herman Echeverria.