El juzgado de lo Penal número 10 de Madrid juzga este jueves a nueve activistas acusados de dañar el patrimonio histórico al lanzar pintura roja sobre la fachada de los Leones del Congreso de los Diputados durante una protesta climática en marzo de 2023.
Madrid, 14 may (EFE).- El juzgado de lo Penal número 10 de Madrid acoge este próximo jueves el juicio contra nueve activistas acusados de un delito contra el patrimonio histórico por arrojar botes de pintura roja frente a la fachada de los Leones del Congreso de los Diputados en un acto de protesta contra la política climática del Gobierno en marzo de 2023.
La Fiscalía Provincial de Madrid pide para cada uno de los acusados -todos ellos activistas de los colectivos ecologistas ‘Futuro Vegetal’ y ‘Extinction Rebellion’ vinculados al movimiento ‘Scientist Rebellion’- una pena de prisión de un año y nueve meses y el pago de una indemnización al Congreso de los Diputados de 5.863,98 euros.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía recuerda los hechos ocurridos el 30 de marzo de 2023 con fines de protesta política y señala que los nueve activistas acordaron previamente la acción, así como en el reparto de tareas para distraer la atención policial y para dejar constancia del resultado de sus actos.
Así, acudieron a la Plaza de las Cortes provistos de pintura de color rojo y la arrojaron en varias zonas de la fachada principal del edificio del Congreso de los Diputados, como la parte baja de la puerta principal de bronce, la escalinata, la estatua del león de la derecha y su podio, los fustes y las bases de las columnas de la parte derecha de la fachada principal.
Esto provocó «menoscabos» en el inmueble cuya restauración exigió, además de una primera limpieza con agua y jabón, la posterior intervención del inmueble mediante aplicación de sistemas de limpieza controlados e inocuos para la piedra y los morteros. Hubo incluso que decaparse el barniz de recubrimiento de la estatua del león para conseguir que acabase de salir el velo rojizo que le quedó.
Todo esto generó un coste total de 5.863,98 euros para el presupuesto del Congreso de los Diputados, que es la indemnización que se les pide a los acusados.
El edificio del Palacio del Congreso de los Diputados está considerado como edificio singular en el Catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Además, es considerado Bien de Interés Cultural.
La Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico y manifiesta que el procedimiento es susceptible de un acuerdo de conformidad entre las partes.