El Ejecutivo publicó un comunicado en el que detalla cinco puntos para refutar la versión de la conductora de TN, a quien se le prohibió el ingreso al palacio presidencial tras la difusión de videos grabados con anteojos inteligentes.
El conflicto entre la Casa Rosada y la prensa escaló a un nuevo nivel. El Gobierno respondió con un comunicado oficial a las acusaciones de la periodista Luciana Geuna, a quien señala por haber grabado imágenes en el interior del palacio presidencial sin autorización formal y utilizando anteojos inteligentes para ocultar la filmación.
A través de la cuenta “Oficina de Respuesta Oficial”, el Ejecutivo enumeró cinco motivos para sostener que los periodistas violaron el reglamento interno. Según el texto, cualquier habilitación para filmar requiere una nota escrita por vía formal, algo que no ocurrió en este caso. Además, se cuestionó que el cronista Ignacio Salerno admitiera en vivo que “asumieron un riesgo”, lo que evidenciaría que conocían las normas.
Otro punto señalado es que las imágenes corresponden a áreas restringidas del edificio, no a sectores de libre tránsito. El Gobierno también destacó que Geuna presentó el segmento como “Capítulo I” y reconoció tener más material, lo que sugiere que no se trató de un hecho aislado.
Para respaldar su postura, el oficialismo difundió los artículos del Reglamento Interno que los periodistas firman al recibir sus credenciales. Allí se establece como “falta grave” el registro de videos o fotografías en espacios no autorizados, y se advierte que la acumulación de infracciones puede llevar a la revocación del acceso.
Por su parte, Geuna había defendido su trabajo en su programa “¿Y mañana qué?”, asegurando que el informe era “inocente” y que avisaron previamente a los funcionarios de Prensa. Sin embargo, el Gobierno no aceptó esa versión y la diputada Lilia Lemoine calificó de “mentira” la supuesta autorización.
El presidente Javier Milei también se manifestó en redes sociales, replicando mensajes que denunciaban un acto de “espionaje” y exigiendo mantener la sala de prensa cerrada por seguridad nacional. La denuncia penal ya fue radicada en Comodoro Py, bajo la órbita de la Casa Militar, por exposición de información estratégica, y recayó en el juzgado de Ariel Lijo.