El Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsa un plan para quitar la ciudadanía a 384 personas que la habrían obtenido mediante fraude. El proceso, que podría acelerarse, genera debate entre expertos.
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha identificado a 384 personas naturalizadas a quienes podría revocarles la ciudadanía en 2026, bajo la acusación de haberla obtenido mediante métodos fraudulentos. La medida, impulsada durante el gobierno de Donald Trump, aún no ha revelado los motivos oficiales, según informó The New York Times.
Matthew Tragesser, portavoz del DOJ, afirmó: “El Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización”. Por su parte, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró: “El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtuvo la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”.
El proceso de revocación requiere presentar pruebas ante un juez federal, ya sea mediante un proceso civil o penal. Abogados de oficinas civiles en todo el país han asumido la tarea de presentar demandas contra ciudadanos naturalizados, una labor que tradicionalmente correspondía a la oficina de inmigración. Según The New York Times, esto podría acelerar las desnaturalizaciones, un fenómeno poco común en los últimos años.
Tragesser reconoció que el DOJ está “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia”, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre 1990 y 2017, Estados Unidos presentó un total de 305 casos de desnaturalización, un promedio de 11 por año. En contraste, el DOJ recibe actualmente unos 200 casos mensuales por parte del DHS.
Expertos han expresado preocupación. Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, advirtió en The New York Post que “el gobierno ha utilizado este poder en el pasado para perseguir a personas que consideran oponentes políticos”. Agregó: “El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”.
Lucas Guttentag, exfuncionario del DOJ durante el gobierno de Joe Biden, consideró que el plan “se basará en una distorsión de la ley” y que “es otro esfuerzo claro para desestabilizar los principios de ciudadanía estadounidense”. No obstante, aclaró que “el fraude genuino, cuando realmente se produce, siempre se ha perseguido agresivamente”.
En 2024, más de 818.000 inmigrantes completaron su naturalización. Según The New York Times, la medida podría impactar a comunidades que consideran la naturalización como un paso definitivo.