Un sector de la oposición en Diputados evalúa convocar a una sesión especial para el 14 o 15 de octubre para rechazar el DNU 70/23, luego de que la Corte Suprema ratificara la derogación de la Ley de Tierras. Otras bancadas exploran un proyecto de ley para restablecer la norma. El oficialismo analiza introducir restricciones mínimas a la compra de tierras por extranjeros.
BUENOS AIRES, 1 de octubre (NA) — El fallo de la Corte Suprema que ratificó la derogación de la Ley de Tierras impulsó a un sector de la oposición en la Cámara de Diputados a evaluar la convocatoria a una sesión especial para el 14 o 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, según informaron altas fuentes de Unión por la Patria a la Agencia Noticias Argentinas (NA).
La resolución del máximo tribunal habilita la compra de tierras por extranjeros sin los límites que establecía la Ley de Tierras, derogada por el decreto de desregulación dictado por el presidente Javier Milei. Ante este escenario, Unión por la Patria y otros bloques opositores analizan distintas vías para revertir la situación.
Una de las alternativas es la convocatoria a una sesión especial en Diputados para tratar el rechazo del DNU 70/23. Otra posibilidad que exploran es avanzar con un proyecto de ley que anule el artículo 154 del DNU y restablezca la vigencia de la Ley de Tierras. El interbloque peronista en el Senado ya presentó una iniciativa con esas características.
Fuentes parlamentarias señalaron que la vía legislativa reúne mayores condiciones de viabilidad, ya que bancadas «dialoguistas» no respaldan la derogación completa del DNU, porque ello implicaría también dejar sin efecto la derogación de la Ley de Alquileres y otras normas de regulación económica.
El Senado rechazó el DNU 70 el 14 de marzo de 2024. Desde entonces, la Cámara de Diputados no reunió los votos necesarios para completar el procedimiento. Con la renovación parcial de las cámaras en diciembre de 2025, la correlación de fuerzas se modificó y la oposición quedó más lejos de la mayoría requerida.
«Una opción es pedir una sesión, pero no es tan fácil. Si bien el tema Tierras caló hondo en la sociedad y muchos diputados del medio nos acompañarían, tenemos una composición en la Cámara más desfavorable que en el 2024 y el 2025», declaró un diputado nacional de Unión por la Patria a NA.
La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman se pronunció a favor de convocar al recinto: «Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién».
La vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, sostuvo: «Esto no va a quedar acá. El pueblo frenó el remate de nuestras tierras. Ahora la Corte pretende volver a habilitarlo. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023. Diputados tiene que hacer lo mismo».
El diputado nacional Miguel Pichetto (Provincias Unidas) propuso incluir el restablecimiento de la Ley de Tierras en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: «Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite», escribió en la red social X.
Organizaciones del Frente de Izquierda, de Unión por la Patria y de las dos CTA convocaron a una marcha a Tribunales para el martes próximo en repudio al fallo de la Corte Suprema. En paralelo, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino encabezará este jueves la presentación de un pedido de juicio político contra los tres magistrados del máximo tribunal.
En el oficialismo, fuentes libertarias del Congreso informaron a NA que se evalúa «reintroducir en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada algún tipo de restricción (mínima) a la compra de tierras» para blindar el DNU 70. La misma estrategia fue intentada por Patricia Bullrich en el Senado y el capítulo sobre la Ley de Tierras debió ser retirado.
La Ley de Tierras, derogada por el DNU 70, establecía un límite del 15% a la venta de tierras a nivel nacional, provincial y jurisdiccional, y un tope de 1000 hectáreas para la compraventa en la zona núcleo.