El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 2624 el 22 de agosto, que establece un programa de confidencialidad de direcciones para trabajadores de asistencia a inmigrantes. El sistema comenzará a operar el 1 de octubre de 2027.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB 2624 el 22 de agosto, que crea un programa de confidencialidad de direcciones para proveedores de servicios de inmigración. La norma busca proteger la privacidad de estas personas ante amenazas y acoso, según el texto legal.
El programa comenzará a operar el 1 de octubre de 2027 bajo la dirección de la Secretaría de Estado de California. Los participantes podrán utilizar un domicilio sustituto en todos los registros públicos de agencias gubernamentales estatales y locales.
La entidad estatal procesará la correspondencia de los beneficiarios y actuará como su agente legal para recibir notificaciones judiciales. La ley garantiza la reserva de la ubicación real de la vivienda, el centro de estudio o el lugar de empleo de los inscritos.
Los solicitantes deberán realizar el trámite en persona ante un programa de asistencia comunitaria y recibir orientación obligatoria con un consejero calificado. La certificación otorga protección por cuatro años, con opción de renovación.
La legislación beneficia a proveedores, empleados y voluntarios de entidades que ofrecen servicios de apoyo a inmigrantes, incluyendo representación legal, asesoría jurídica, traducción de documentos, gestión de casos, asistencia humanitaria y servicios de salud. También abarca a trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, clínicas comunitarias y despachos de abogados autorizados, así como a familiares directos que residan en el mismo domicilio.
Los legisladores argumentaron que el personal de estas organizaciones sufre agresiones físicas, campañas de difamación en internet y amenazas de muerte. Informes oficiales asocian el aumento de estas conductas con el clima de hostilidad y las políticas del gobierno de Donald Trump hacia la población inmigrante.
La ley prohíbe que cualquier persona o asociación comercialice, venda o distribuya en internet información personal o imágenes de los participantes protegidos, cuando el infractor actúe con intención de provocar daños corporales graves o intimidar directamente a los trabajadores. También sanciona a quienes publiquen estos datos para incitar a terceros a cometer actos de violencia.
Las víctimas pueden iniciar acciones civiles para exigir gastos de defensa y compensaciones de hasta tres veces el daño real, o un pago mínimo de 4000 dólares. Quienes proporcionen información falsa deliberadamente en su postulación incurrirán en un delito menor. Los beneficiarios también podrán colocar sus propiedades en fideicomisos revocables o cambiar de nombre legal para asegurar su anonimato en transacciones inmobiliarias.