Cinco concejales opositores del Concejo Deliberante de Córdoba denunciaron penalmente presuntas maniobras de corrupción en el sistema de habilitación, inspección y control de locales nocturnos. La presentación solicita investigar una posible estructura organizada de cobros ilegales y la omisión de controles por parte de funcionarios municipales.
Cinco concejales de la oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción para que se investiguen presuntas maniobras de corrupción en el sistema municipal de habilitación, inspección y control de la actividad nocturna. La firman Javier Horacio Fabre y Elisa Caffaratti (UCR), Graciela Susana Villata (Frente Cívico), Soher El Sukaria (PRO) y Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad).
El escrito, presentado ante mesa de entradas y a la espera de que recaiga en una fiscalía, solicita la apertura de una investigación penal para determinar si existió una estructura organizada destinada a garantizar el funcionamiento irregular de locales nocturnos y si hubo funcionarios municipales que, con obligación de controlar, omitieron hacerlo a cambio de beneficios económicos.
La presentación tiene como disparador una nota publicada por La Voz el 20 de junio pasado, que describió un presunto circuito sistemático de pagos ilegales por parte de inspectores municipales y otros agentes vinculados a las áreas de habilitación comercial. Según el resumen que los concejales incorporan a la denuncia, esa investigación periodística documentó cinco puntos centrales: la existencia de un pago periódico conocido informalmente como «la semanal» para evitar clausuras o inspecciones desfavorables; un presunto circuito de recaudación proveniente de comercios sujetos a control municipal; la intervención de dependencias ligadas a habilitaciones y espectáculos públicos; testimonios de particulares que dicen haber recibido pedidos de dinero o condicionamientos para obtener permisos; y antecedentes judiciales de inspectores municipales investigados por hechos similares.
Los denunciantes sostienen que ese entramado adquirió mayor gravedad a partir de dos hechos posteriores: el femicidio de Agostina Vega, que conmocionó al país y expuso el funcionamiento de locales nocturnos sin controles efectivos, y una intimidación sufrida por el titular del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFYC), Ezequiel Hormaeche Actis, quien según informó el intendente Daniel Passerini habría encontrado dos balas sobre su escritorio luego de realizar inspecciones nocturnas.
Qué delitos se investigan
La denuncia no realiza imputaciones contra personas determinadas, pero enumera las figuras penales que, a criterio de los firmantes, podrían resultar compatibles con los hechos descriptos: cohecho pasivo, cohecho activo, concusión, exacciones ilegales, incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y, en caso de verificarse una estructura organizada y permanente, asociación ilícita.
Entre las medidas de prueba solicitadas, los concejales pidieron que se requiera a la Municipalidad de Córdoba información sobre las áreas de Habilitación, Espectáculos Públicos e Inspección General, y sobre los sumarios administrativos iniciados en los últimos años por pedidos de dinero o irregularidades funcionales. También reclamaron el análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios y agentes que intervienen en esas áreas, y que se convoque a declarar como testigo al presidente del EMFYC, Ezequiel Hormaeche Actis.
El antecedente de la causa «Bomberos»
Un punto central del escrito es el pedido de que la nueva denuncia se tramite bajo la modalidad de «codependencia» con la causa conocida como «Bomberos», a cargo del fiscal de instrucción Guillermo González.
Según indican los concejales, en ese expediente ya declaró un arrepentido que -a cambio de un juicio abreviado y una pena menor- aportó información sobre funcionarios municipales y del propio Ente de Control que habrían obtenido beneficios económicos por su inacción o directamente por sobornos. Los denunciantes pidieron que se tome testimonio urgente a ese arrepentido para que precise si existió funcionamiento sin inspección o falsificación de actas de constatación en boliches nocturnos.
«La Justicia mira para otro lado»
Al presentar la denuncia, los concejales cuestionaron la falta de respuesta tanto del Departamento Ejecutivo municipal como de la propia Justicia frente a las versiones periodísticas previas. «Venimos porque la Justicia mira para otro lado. Después de todas las noticias periodísticas que dicen claramente cómo es el entramado de la habilitación de bares para que funcionen como boliches, la Justicia no hizo nada», planteó uno de los firmantes durante la conferencia posterior a la presentación.
Los denunciantes señalaron además que existen dueños de locales que aportaron información de manera extraoficial, pero que evitan exponerse como testigos. «Tenemos un sinnúmero de titulares de bares o boliches que vienen y nos dicen lo que ocurre. Lamentablemente no podemos ofrecerlos como testigos porque no quieren dar su nombre, porque nunca más van a conseguir una habilitación en su vida», sostuvo uno de los concejales.
Sobre el trabajo del Ente Municipal de Fiscalización y Control, los legisladores fueron críticos con la documentación que la propia Municipalidad les entregó en respuesta a pedidos de informes. «Si yo voy a un bar a las diez de la noche, funciona como bar. Si voy a las tres de la mañana es un bruto boliche, y no tenemos una sola acta que lo demuestre», afirmó uno de los denunciantes, en referencia a la falta de constancias que documenten los controles en el horario en que los locales operarían como boliches sin la habilitación correspondiente.
Consultada sobre si el ente conforma a la oposición, la respuesta fue categórica: «El ente claramente no cumplió los objetivos para los cuales le dimos la voluntad de ser creado, y lamentablemente el manto de sospecha persiste. No tenemos respuesta en nuestros pedidos de informe».
Los concejales recordaron que, en una instancia anterior, el propio director del ente concurrió al Concejo Deliberante a dar explicaciones, sin resultado. Consultada sobre cómo quedó esa presentación, la concejala Elisa Caffaratti respondió: «Insatisfechos. No nos convenció absolutamente nada, y no a nosotros, sino a la ciudadanía en general».
Caffaratti también fue quien explicó el fundamento del pedido para derogar el ente de control, y lo vinculó de manera directa con los dos escándalos que marcaron su historia: «El fundamento es que el ente no ha cumplido la misión que venía a cumplir, porque justamente surge como una respuesta política ante el escándalo de la causa Bomberos, y a los pocos años nos encontramos con otro escándalo: la trágica muerte de Agostina, con toda la relación que hay con Wachitas y este femicidio tan trágico».
Sobre las versiones que vinculan la recaudación irregular de la actividad nocturna con el financiamiento de campañas políticas, los denunciantes evitaron confirmar la hipótesis, pero pidieron que la Justicia la investigue: «Nosotros lo que queremos es que se investigue. Si hay algo de eso, debería salir en la investigación. Ni siquiera hace falta que nosotros lo estemos denunciando: es de público conocimiento, están las notas periodísticas. Las fiscalías deberían haberse abocado a esto».