El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, trabaja en un anteproyecto para eliminar la ley de precio fijo del libro. El sector editorial advierte sobre el posible cierre de librerías, mientras que el gobierno sostiene que la medida busca mejorar la accesibilidad y reducir precios para los lectores.
El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, elabora un anteproyecto para eliminar la Ley 25.542, que establece un precio fijo para los libros. La normativa, vigente desde 2001, impide que las librerías realicen descuentos o promociones individuales sobre los títulos. Desde el ministerio indicaron que el proyecto busca que los libros sean más accesibles para los lectores al permitir la competencia en precios.
La ley actual fue inspirada en una regulación francesa y tiene como objetivo evitar que grandes cadenas, como supermercados, utilicen los libros como gancho comercial para atraer clientes. Según defensores de la norma, esto protege a las librerías independientes y garantiza la diversidad de títulos. Sin embargo, desde el gobierno sostienen que no existe evidencia de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad.
Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA, dueño de las librerías Yenny y El Ateneo, se manifestó en contra de la desregulación. Afirmó que si se elimina la ley, los supermercados y plataformas como Mercado Libre podrían vender libros a precios muy bajos, lo que llevaría a la desaparición de muchas librerías. Mercado Libre declinó realizar declaraciones sobre el tema.
Juan Pablo Armenio, de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, citó el caso de Inglaterra: tras la eliminación del precio fijo en 1995, cerraron 500 librerías en diez años y los precios de los libros de catálogo subieron un 49,6%, mientras la inflación general fue del 27,6%. Por su parte, Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, señaló que en países sin ley de precio fijo, como Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia, hay menos editoriales y librerías.
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro y dueño de la editorial Guadal, consideró que la derogación no necesariamente bajaría los precios en el corto plazo, ya que estos dependen de costos como el papel, el tipo de cambio y la logística. Rainone también advirtió que la desregulación podría afectar a las librerías independientes y a los editores que trabajan con ellas.
Víctor Malumián, responsable de la editorial Godot y organizador de la Feria de Editores, expresó que una actualización de la ley sería posible, pero no su eliminación total. La Fundación El Libro emitió un comunicado manifestando su rechazo al proyecto, calificando la normativa como la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica y la supervivencia de las librerías independientes.
Algunas fuentes del sector, que prefirieron mantener el anonimato, indicaron que la ley necesita modernizarse para adaptarse a los nuevos formatos digitales y hábitos de consumo, pero no ser derogada por completo. Otras señalaron que los editores podrían beneficiarse de la desregulación, aunque no lo admitan públicamente para no afectar su relación con los libreros.
El gobierno sostiene que la reforma no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales, sino que elimina una prohibición para competir en precios. El proyecto aún no está cerrado y continúa en discusión.