A un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, las pensiones por discapacidad acumulan una pérdida de nueve puntos porcentuales frente a la inflación, mientras más de 227 mil solicitudes siguen sin respuesta, según datos del CELS y organizaciones del sector.
Un grupo de jóvenes y adultos con discapacidad que asiste al Centro de Día de la Fundación IPNA en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, desarrolla actividades como cultivo de huerta, cocina y un café al paso. Alex Goldman, presidente de la institución y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), afirmó: “Es un lugar donde construyeron autonomía, vínculos y una rutina para una vida independiente. Eso, para muchas familias, es la diferencia entre la exclusión y una vida digna”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación entre junio de 2025 y junio de 2026 fue del 33,5%. En ese período, las pensiones por discapacidad pasaron de $283.306 a $352.322 (incluyendo un bono de $70.000), lo que representa un incremento del 24,3%. Esto implica una pérdida de nueve puntos porcentuales respecto de la inflación.
De acuerdo con una respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), más de 227.000 personas aguardan la resolución de sus solicitudes de pensión. El 72% de ese total inició el trámite antes del 31 de diciembre de 2023, y 90.791 lo hicieron entre enero de 2024 y abril de 2026. Entre otorgadas (8.633) y rechazadas (1.741), la gestión resolvió unas 10.374 solicitudes en más de dos años.
Desde CELS señalaron: “Entre otorgadas (8.633) y rechazadas (1.741) en más de dos años, la gestión resolvió unas 10.374 solicitudes, mientras acumula 227.354 pendientes que no dependen del solicitante y, de ellas, más de 90 mil iniciadas durante su propia gestión. La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis”.
Organizaciones como CELS y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) enviaron una carta al presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. En el escrito señalaron: “Hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, transportistas y demás prestadores se ven obligados a reducir servicios, endeudarse o cerrar sus puertas ante el profundo atraso de los aranceles y el aumento sostenido de los costos”. Agregaron que las consecuencias “recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, las cuales sufren la interrupción de apoyos esenciales, pérdida de tratamientos, dificultades para acceder al transporte, retrocesos en procesos de inclusión social, educativa y laboral, y mayores niveles de aislamiento y dependencia”.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, declaró: “A un año de la ley, todavía es más lo que está en la letra que lo que se ha concretado. Concretado fehacientemente es que todos los meses se da un aumento a los prestadores según la inflación”. Indicó que la base desde la que parten esos incrementos está desactualizada y que la compensación establecida por la ley “al día de hoy, no sabemos cuándo se va a pagar”. Afirmó que la respuesta suele ser que el Ministerio de Economía no libera los fondos. También mencionó que se aplica el pago del 40% del salario básico a los trabajadores de talleres protegidos.
Molero añadió: “Nosotros pedimos hacer un estudio de costos, que la ley también dice que debería hacerse un estudio de costos para justamente poner al día los aranceles. Con eso tampoco hubo respuesta”. Sostuvo que “hay gente que todavía no ha cobrado enero y ya se debería estar cobrando marzo”.
Gabriela Bruno, activista y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, afirmó: “En la reglamentación de la ley tocaron algunas cosas mínimas, pero no resolvieron los problemas estructurales. No tomaron ninguna medida que le devolviera dignidad a las personas con discapacidad”. Señaló que no se reglamentó un mecanismo concreto para financiar el sistema de la ley 24.901 y que la deuda acumulada continúa sin saldarse. También indicó que “tienen una clara posición de no inyectar recursos a la Secretaría Nacional de Discapacidad”.
PERFIL intentó obtener un testimonio de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Fuentes del organismo derivaron la consulta al Ministerio de Salud, del cual depende, pero desde allí no se ofreció respuesta.
Goldman remarcó que la ley existe “en el boletín oficial, pero no en la vida cotidiana de miles de familias. El Estado eligió el camino más cómodo: cumplir con lo mínimo indispensable y dejar que el resto se resuelva en tribunales”. Dijo que IPNA “depende de un arancel desfasado que el Estado nacional no actualiza al ritmo real de los costos”.