El Ejecutivo nacional busca completar todas las vacantes de jueces federales y nacionales antes de fin de año, al tiempo que impulsa un proyecto para acotar la duración del cargo del jefe de los fiscales. La iniciativa incluye diálogos con la oposición y un proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Moisés.
El Gobierno se propone cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. Entre los cargos a cubrir se incluyen los de la Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales. La Casa Rosada busca asegurar que el 40% del Poder Judicial quede integrado por postulantes propios.
En paralelo, el Ejecutivo promueve un proyecto para limitar el mandato del Procurador General de la Nación, actualmente vitalicio hasta los 75 años. La iniciativa, presentada por la senadora Carolina Moisés, propone un mandato de ocho años con posibilidad de renovación por cuatro más, manteniendo el requisito de dos tercios de los votos del Senado para su designación. Fuentes legislativas indicaron que aún no se definió si el período será de dos mandatos de 4, 5 o 6 años.
El presidente Javier Milei no ha definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo postergará hasta 2028, según distintas fuentes del Poder Ejecutivo. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó a Milei hace tres meses para sugerir que los candidatos provengan del Poder Judicial, específicamente de la justicia federal.
Entre los nombres que circularon para la Corte están Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli, Agustina Díaz Cordero y María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica. El proyecto de Moisés comenzó a circular entre despachos judiciales y forma parte de las negociaciones por el eventual candidato a Procurador General.
El oficialismo en el Senado indicó que la prioridad actual es la reforma política y la eliminación de las PASO, pero los acuerdos judiciales están entrelazados en las conversaciones. La primera sesión está prevista para el 16 de julio, y se planea tratar entre 20 y 30 pliegos por sesión. Ya se enviaron casi 140 pliegos al Senado, y el Gobierno prevé enviar los 300 restantes antes de fin de año.
Para la Cámara Federal, el Ejecutivo debe enviar los pliegos para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados fueron anulados por la Corte Suprema. Los favoritos para las propuestas son Pablo Yadarola, allegado al ministro Juan Bautista Mahiques, Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona. Además, el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, lo que abriría una tercera vacante.
En el Consejo de la Magistratura, los mandatos de la mayoría de los consejeros vencen a fin de año, y el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, planteó su deseo de ser reelecto, pese a que la ley del Consejo prohíbe la reelección. Su candidatura generó oposición del kirchnerismo y de la agrupación Será Justicia, y no es bien vista en la Corte Suprema.