El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que exige al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo, con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, se limitó a resolver una cuestión procesal.
Buenos Aires, 26 de junio (NA). La Corte Suprema de Justicia confirmó la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva. De esta manera, la Corte evitó pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25.
Fuentes del oficialismo indicaron que el revés judicial tiene un costo estimado de 1,3 billones de pesos para las cuentas públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que no hay partidas previstas para cumplir con esa obligación, aunque comenzó a recalcular números.
En el ámbito del Gobierno, se mencionó que el Ministerio de Capital Humano mantenía diálogos con rectores para avanzar en una nueva ley de Financiamiento Universitario alineada con el cuidado de las cuentas públicas. Sin embargo, ese proyecto no tuvo avance en el Congreso.
La decisión de la Corte se produjo días después de que el oficialismo alcanzara un acuerdo parcial con las universidades para cumplir parte de la ley.