El gobierno argentino disminuyó su presencia en foros multilaterales de derechos humanos, según informes de organizaciones internacionales.
En marzo de 1988, el fiscal Julio César Strassera encabezó la delegación argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Casi cuatro décadas después, el gobierno de Javier Milei modificó la postura histórica del país en esos ámbitos, según declaraciones de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos.
El exvicecanciller Carlos Foradori, embajador y representante permanente de Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, no participó este año en el Consejo de Derechos Humanos por decisión del Gobierno. Como resultado, Argentina no tiene derecho a voto por no ser miembro activo, aunque su voz crítica tampoco se escuchó en debates abiertos, salvo en temas puntuales como la oposición al chavismo en Venezuela, la teocracia iraní o la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
Dorothea Krueger, de la organización Cadal, afirmó en un artículo que «bajo el gobierno de Milei, la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos». Krueger señaló que Argentina no participó en enero pasado en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Ruanda, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para evaluar la situación de derechos humanos en todos los Estados miembro.
Desde agosto de 2023, Argentina retiró su candidatura para integrar el Consejo como miembro entre 2026 y 2028 y dejó de participar en los exámenes de la situación en Panamá, Honduras y Jamaica. Sí intervino en ocho de los 42 países analizados hasta ese mes, entre ellos Irán, Nicaragua y Venezuela, con gobiernos en las antípodas de su pensamiento político. También defendió a El Salvador de Nayib Bukele en la lucha contra bandas criminales y a Italia, gobernada por Georgia Meloni.
Ricardo Lagorio, exembajador argentino ante la ONU en Nueva York, declaró a LA NACION que «los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución» y que Argentina también dejó de participar en la tercera comisión de la ONU, encargada de temas sociales y de género, por no ser «temas de interés para el Gobierno».
Argentina se retiró formalmente en marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y mantiene una mora en el pago de sus contribuciones anuales a la ONU y varias de sus organizaciones asociadas. En la Asamblea General, la delegación encabezada por Francisco Tropepi votó en contra de cuestionar la esclavitud como «crimen de lesa humanidad más grave de la historia» en marzo pasado, coincidiendo con los votos de Estados Unidos e Israel.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo a LA NACION que «la Argentina contó históricamente con un reconocimiento internacional construido durante décadas» y que «desde fines de 2023, bajo el pretexto de un giro geopolítico, quebró una tradición de Estado y fue abandonando espacios multilaterales clave».
Ni desde la Cancillería ni desde la oficina de Ginebra atendieron consultas de LA NACION. Hace tres semanas, Foradori fue designado como representante permanente de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En el ámbito local, la Subsecretaría de Derechos Humanos despidió a seis integrantes del Consejo Federal. La nueva conducción, al mando de Leonardo Szuchet, dejó en suspenso el traslado de la sede desde la ex ESMA hacia otro edificio estatal. Desde el inicio de la gestión Milei, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería pasó, vía decreto, de la Secretaría de Relaciones Internacionales a la de Culto.