El oficialismo buscará emitir dictamen sobre el proyecto del Gobierno que quiere aprobar en una sesión a celebrarse el 20 de mayo.
La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías, que el oficialismo quiere sancionar en una sesión especial que convocará el próximo 20 de mayo, según confirmaron fuentes parlamentarias.
La iniciativa, que solo mantiene los subsidios en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados, se tratará en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, que presiden los libertarios Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch.
El esquema de trabajo diseñado por el oficialismo es que primero exponga la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, y luego se comience a debatir el dictamen de comisión que La Libertad Avanza aspira a tratar en la sesión de la próxima semana junto con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la Ley Hojarasca.
Para avanzar en el dictamen del proyecto necesita el respaldo de los bloques dialoguistas de Fuerzas del Cambio, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. Hasta ahora ninguno de esos bloques confirmó su respaldo, ya que a muchos de ellos los afecta este recorte de subsidios al gas.
Varios de estos bloques tienen vínculos con gobernadores que se verán perjudicados por la medida, que corta el subsidio en determinadas localidades. En la provincia de Buenos Aires sentirán este recorte 50 municipios, entre los que están Mar del Plata, La Plata y sus alrededores, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín y Pergamino, entre otros. En Córdoba, 13 departamentos están incorporados en la ley de Zona Fría, y lo mismo ocurre en localidades del sur de esa provincia, así como en localidades de Mendoza —con excepción de Malargüe—, San Juan y San Luis. El beneficio se había extendido en 2021 a localidades de Tucumán, Catamarca y La Rioja.
La iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético, ya que sostiene que con el 7,5% que se cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.
Hasta 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
De acuerdo a ese programa, solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos), que hoy significan ingresos por 4,3 millones de pesos.
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.
Otro punto clave es que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa, y se pagará a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago. El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.
Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorroga hasta 2045 y se derogan los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022. El Gobierno justificó esa medida señalando que “la expansión del uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica genera efectos altamente favorables para el país, a los fines de asegurar los beneficios de una oferta energética más limpia y sostenible para el conjunto de la población”. Agregó que “se estima necesario que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la Ley N°26.190 continúen libres de gravamen en los términos del artículo 17 de la Ley N°27.191”.