En medio de tensiones financieras, clínicas y farmacias de todo el país implementan una medida de auxilio mutuo para sostener la atención a jubilados, mientras el Gobierno asegura que la deuda está saldada.
Un grupo de prestadores del PAMI puso en marcha un bono solidario con el objetivo de evitar cierres masivos ante la demora en los pagos por parte de la obra social de los jubilados. La medida surge en un contexto de asfixia financiera que, según denuncian, pone en riesgo el empleo de los trabajadores del sector y la continuidad de la atención médica para la franja más vulnerable de la sociedad.
El circuito administrativo de facturación del PAMI establece que los centros de salud facturan el día 15 del mes siguiente al servicio, luego pasan por una auditoría que demora 45 días, y recién el último día hábil de ese período se aprueba el importe, que se abona el día 15 del mes posterior. Esto implica un plazo de cobro de entre 85 y 105 días. Ante la interrupción de esta cadena, los prestadores aseguran que deben cubrir salarios, honorarios e insumos con capital propio.
Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, señalaron a PERFIL que «se deben solo los pagos/vencimientos de mayo. No hay deuda». Sin embargo, fuentes gremiales del PAMI denuncian un vaciamiento de personal en la Gerencia de Administración de Prestaciones, específicamente en el sector de Auditoría, lo que habría paralizado expedientes y perpetuado los impagos bajo la excusa de «falta de presupuesto».
El valor de la cápita PAMI se fijó en $13.894,23 por afiliado, mientras que una internación o intervención puede equivaler a unos USD 1.000. Además, el organismo impuso topes para las prestaciones, lo que obliga a los jubilados a elegir entre especialidades médicas o medicamentos. Algunos actores del sector consideran que podría tratarse de un plan para trasladar la responsabilidad a las provincias.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, denunció: «Estamos asistiendo a un abandono de persona masivo ejecutado por planilla de Excel. El cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez es la prueba de una asfixia financiera deliberada». En tanto, una clínica bonaerense documentó una deuda acumulada de más de $1.271 millones por facturas de marzo, abril y mayo.