La deuda reconocida por el Gobierno con los prestadores del programa Incluir Salud asciende a $69.550 millones, con saldos pendientes desde noviembre de 2025. Pacientes denuncian demoras en tratamientos y falta de medicación.
Al menos hasta el 29 de abril, la deuda reconocida por el Gobierno en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete en el Congreso con los prestadores del programa Incluir Salud ascendía a $69.550 millones, acumulando saldos pendientes desde noviembre de 2025. En el documento que Manuel Adorni defendió en la legislatura ese día, el Ministerio de Salud informó que, durante la última semana de abril, se estaba dando continuidad al proceso de regularización de los pagos correspondientes a noviembre y diciembre.
PERFIL consultó a la cartera si esto se había efectivizado el 30 de abril, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta. El programa, según su sitio web, está destinado a brindar servicios de salud a personas afiliadas a través de una red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de una Pensión no Contributiva puedan acceder a atención de calidad independientemente de dónde vivan. En total, de acuerdo con el informe de gestión de más de 1.900 páginas, de este sistema dependen 714 mil personas.
Las demoras en los pagos, según el Ministerio, responden a un proceso de reordenamiento estructural del área, orientado a corregir desvíos acumulados. Sin embargo, los reclamos de pacientes se acumulan. Desde la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) compartieron inquietudes: pacientes con artritis reumatoidea que no reciben su medicación y notaron una reactivación de su enfermedad, avance de cuadros de esclerosis múltiple, casos de neuromielitis óptica sin control, y pacientes con trastornos de Fabry, Gaucher y Pompe que tampoco acceden a sus tratamientos. En Tucumán, hay demoras en las entregas y la gente deambula buscando medicación.
El Ministerio de Salud insiste en que las demoras no responden a una reducción de la cobertura, sino a una decisión de política pública para ordenar, transparentar y hacer sustentable el sistema. No obstante, pacientes con fibrosis quística resisten como pueden. María Eugenia Koolen, asistente social de la Asociación de Fibrosis Quística Argentina (Fipan), afirmó: “Es muy perverso: a los pacientes no les dicen que no. Les dicen cosas como ‘acá no es la oficina, esto no está en el vademécum, anda para allá, anda para acá’. La gente de Incluir es la más vulnerable, la que tiene menos recursos económicos”.
Koolen agregó que existen demoras y muchas trabas. “La gente te dice: ‘no me entregan nada’. Entonces, van al hospital, el hospital tiene alguna donación, le entregan, y así van llevándolo adelante como pueden”. Sobre las afirmaciones del Ministerio, señaló: “El Gobierno puede decir lo que se le dé la gana, que se están reestructurando, pero su reestructura significa destrucción. Ellos llaman reestructurar a lo que es destruir todo un sistema que tenía sus falencias, pero que, de algún modo, daba respuesta”.
“Tengo el caso de una mamá que está sola con dos nenes: uno con fibrosis quística. Ella trabaja cuidando a una señora mayor, con lo cual no tiene muchas posibilidades de movilizarse. Esta mujer hace mucho tiempo que ya no recibe las enzimas pancreáticas para su nene”, concluyó.