La empresa Pluspetrol, junto a su socia Gas y Petróleo del Neuquén, oficializó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada en Vaca Muerta, con una proyección de 100.000 barriles diarios de petróleo.
Pluspetrol dio un paso formal en su plan de crecimiento al presentar la solicitud para acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En conjunto con su socia Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la compañía proyecta una inversión estimada de USD 12.000 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, ubicado en la provincia de Neuquén.
Según el comunicado oficial, el objetivo principal de la presentación es sentar las bases para ampliar la infraestructura de procesamiento, producción y evacuación de hidrocarburos en la cuenca de Vaca Muerta. El plan de desarrollo prevé alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios de petróleo (bbl/d) en un plazo de 25 años. Para ello, la firma contempla la construcción de cuatro plantas de procesamiento, el tendido de ductos de evacuación y la perforación de más de 600 pozos.
De concretarse, este proyecto permitiría multiplicar la producción de la operadora y consolidar su posición como uno de los actores más relevantes del país. La ejecución de la obra se dividirá en dos etapas consecutivas. En la primera, se desarrollará la zona sur del área, con una infraestructura que permitirá alcanzar 50.000 bbl/d y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas. En la segunda etapa, se impulsará la zona norte para llegar a los 100.000 bbl/d y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en su punto máximo.
Voceros de la firma señalaron que la iniciativa beneficiará a la comunidad y a toda la cadena de valor de Rincón de los Sauces. Tras más de 45 años de historia en la provincia, la compañía definió esta solicitud como un hito para afianzar sus operaciones internacionales, que hoy alcanzan Perú, Estados Unidos y Ecuador.
El pedido de Pluspetrol se suma a un ecosistema que ya registra 13 proyectos aprobados formalmente por el Ministerio de Economía. Hasta el cierre del primer trimestre de 2026, el flujo neto de capitales bajo este régimen superó los USD 700 millones, con una concentración del 55% en el sector energético. Entre las iniciativas más destacadas figura el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), liderado por YPF, que logró la categoría de «Exportación Estratégica de Largo Plazo» para ejecutar una inversión de USD 2.900 millones.
En el ámbito minero, que acaparó el 42% de los anuncios, se autorizaron desembolsos clave en la provincia de San Juan. El Comité Evaluador aprobó la extensión de la vida útil de la mina Veladero por USD 380 millones y la reactivación del yacimiento Gualcamayo, proyecto que demandó USD 665 millones y proyecta la creación de 1.700 empleos directos. En energías renovables, avanzó la primera fase del parque solar «El Quemado» en Mendoza, con un presupuesto de USD 211 millones.
La diversificación alcanzó también a la infraestructura logística y la industria pesada, con proyectos ya validados por el Ejecutivo, como la habilitación de un puerto multipropósito en la localidad santafesina de Timbúes y un plan de modernización para la planta de Siderar en San Nicolás. Según estimaciones del Palacio de Hacienda, estos proyectos permiten que el régimen comience a traccionar inversiones fuera del núcleo estrictamente extractivo.
El Gobierno nacional analiza actualmente una vasta cartera de proyectos que buscarán sumarse al régimen para obtener beneficios fiscales y cambiarios. En el sector minero, las proyecciones surgidas de la última cumbre PDAC en Toronto indicaron planes en evaluación por un volumen total de USD 47.000 millones. Dentro de este universo se destaca el megaproyecto cuprífero Vicuña, que estima desembolsos iniciales por USD 790 millones durante el transcurso de este año.
En paralelo, las autoridades estudian nuevas propuestas vinculadas a la transición energética y el desarrollo petroquímico. Según las estimaciones oficiales, la consolidación de estos planes permitiría que las exportaciones de energía y minería alcancen niveles récord hacia finales de la década, traccionadas por el marco regulatorio del RIGI.