La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, solicitó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que revise la condena por corrupción que recibió en 2025 y que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que actualmente le impide presentarse a elecciones. La presentación fue confirmada este martes por su abogado, el brasileño Rafael Valim.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, pidió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que revise la condena por corrupción que recibió en 2025 y que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que actualmente le impide presentarse a elecciones.
La presentación fue confirmada este martes por su abogado, el brasileño Rafael Valim, quien señaló que la defensa busca que el caso sea analizado durante la próxima sesión del organismo, prevista para octubre. Según explicó, una eventual intervención del Comité podría obligar a los tribunales argentinos a revisar el fallo antes de fin de año.
Fernández de Kirchner fue condenada en 2025 a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un caso de corrupción vinculado con la obra pública. Su defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales y cuestiona la validez de la condena. «Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité», afirmó Valim a Reuters.
El planteo ante Naciones Unidas adquiere relevancia política porque la inhabilitación actualmente le impide competir electoralmente y, en caso de ser levantada, podría volver a evaluar una candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.
Fernández de Kirchner gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y posteriormente fue vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023. Aunque continúa siendo una de las figuras más polarizantes de la política argentina, conserva un nivel de respaldo significativo dentro del electorado opositor.
Un reciente sondeo de Zuban Córdoba le otorgó un 42% de imagen positiva, por encima del 36,1% registrado por el presidente Javier Milei. Otras mediciones de intención de voto también la ubican en niveles competitivos, aunque su eventual regreso electoral dependería de que pueda superar la inhabilitación y de que consiga apoyo dentro del peronismo.
El antecedente de Lula
La estrategia de la expresidenta tiene un antecedente directo en Brasil, donde el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU después de ser condenado por corrupción.
Lula fue encarcelado y quedó impedido de participar en las elecciones de 2018. En 2021, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló sus condenas y recuperó sus derechos políticos, lo que permitió su regreso a la competencia electoral y, posteriormente, a la Presidencia.
Valim tuvo participación en la defensa de Lula, por lo que el antecedente brasileño forma parte del contexto de la presentación realizada por la defensa de Fernández de Kirchner.
De todos modos, aun si la expresidenta consiguiera recuperar el derecho a competir, enfrentaría otro desafío político: reconstruir una mayoría dentro del peronismo y conseguir respaldo de los distintos sectores de la izquierda y del movimiento peronista para una eventual candidatura presidencial en 2027.