El bloque oficialista cuestionó a la legisladora radical Alejandra Ferrero por la situación de su asesor Omar Manuel Ludueña, imputado y detenido. Tras los discursos de Facundo Torres y Leonardo Limia, el PJ se retiró del recinto e impidió la respuesta de Ferrero.
La sesión ordinaria de este martes en la Legislatura de Córdoba estuvo marcada por un nuevo episodio de tensiones entre el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de los casos que involucran a asesores con causas judiciales.
El eje del contrapunto fue la situación de Ramón “Cañito” Flores, exlegislador departamental de Río Seco que dejó su banca, y la de Omar Manuel Ludueña, asesor de la legisladora radical Alejandra Ferrero, quien se encuentra imputado y detenido por abuso sexual agravado.
La acusación del oficialismo
El jefe de la bancada oficialista, Facundo Torres, acusó a Ferrero y al referente radical Rodrigo de Loredo de haber “carancheado” políticamente con la situación de Flores. “Mientras ellos nos señalaban como lo peor y como el ‘aguantadero de delincuentes’ de la política cordobesa, tenían una situación similar o peor a la de Flores”, afirmó Torres durante su intervención.
El legislador puso el foco en Ludueña, empleado de planta permanente asignado al despacho de Ferrero, y cuestionó que la oposición radical hubiera demorado, según su planteo, en denunciar la situación. “Durante todos esos días tuvieron la caradurez de apuntarnos con el dedo mientras ellos ocultaban bajo la alfombra una situación similar o peor”, sostuvo.
Torres cerró su alocución con una advertencia: “Esa doble vara, ese cinismo, esa hipocresía y esa caradurez de los dirigentes radicales no va a ser tolerada por este bloque”.
Por su parte, el legislador Leonardo Limia (viguista) profundizó la ofensiva y planteó la necesidad de “ser congruentes” y “no tener dos varas para la política”. Limia apuntó directamente contra Ferrero y sostuvo que la radical no debería haber regresado a su banca. “La UCR se convirtió en jueza moral, no solamente de Flores, sino también de todo nuestro bloque político”, declaró.
En ese marco, señaló: “Si Ferrero y la UCR entendieron que Flores debía apartarse, renunciar y ser excluido por tener un empleado imputado y detenido, hoy esa misma legisladora tiene un empleado de su oficina también imputado y detenido por abuso sexual agravado”. Y agregó: “Continuar sentado como si esta contradicción estuviera saldada equivaldría a naturalizarla”.
El pedido de informes y el antecedente
El bloque Hacemos Unidos por Córdoba presentó un pedido de informes para reconstruir la trayectoria administrativa y política de Ludueña dentro de la Legislatura: su ingreso, modalidad de contratación, quién solicitó su incorporación, los cambios en su situación laboral y los despachos en los que trabajó.
Según el proyecto, Ludueña ingresó en 2011 a pedido del bloque de la UCR y posteriormente pasó a planta permanente por requerimiento del entonces legislador De Loredo. Desde 2024, de acuerdo con los registros invocados por el oficialismo, estaba afectado al despacho de Ferrero.
La discusión tiene un antecedente inmediato: Ferrero había pedido licencia por un mes, aunque finalmente se apartó durante nueve días. Luego retomó su actividad en comisiones y este martes volvió a ocupar su banca durante las dos sesiones.
El retiro del oficialismo y la respuesta de Ferrero
Tras las intervenciones de Torres y Limia, cada uno con cinco minutos, el oficialismo abandonó el recinto y dejó a la sesión sin quorum, evitando que Ferrero utilizara los cinco minutos que tenía previstos para plantear una cuestión de privilegio y responder al ataque peronista.
Ante esta situación, la legisladora radical utilizó las redes sociales para salir al cruce. Calificó de “cobardes” a los peronistas por no dar lugar a su descargo. “El mismo día en que rinden homenaje a la Convención Constituyente, abandonan el recinto para impedirme hablar y defenderme”, cuestionó Ferrero, quien sostuvo que el oficialismo buscó “silenciarla”.
Por otra parte, rechazó la comparación entre los casos Flores y Ludueña y acusó al peronismo de intentar instalar una “falsa equiparación”. Según Ferrero, el oficialismo permitió que “asesores condenados continuaran en funciones” y no recurrió a la Justicia, mientras que la UCR “actuó de inmediato” y llevó el caso ante los tribunales. “No podrán silenciarme”, desafió, y ratificó su intención de seguir reclamando “transparencia” y levantando la voz “frente a la corrupción”.
El episodio tuvo una previa política: la bancada radical había evaluado aportar los votos para habilitar el debate sobre tablas, pero la posibilidad se trabó cuando, según legisladores no oficialistas, Torres dejó trascender que abriría el debate con su intervención y luego pediría su cierre. “Se picó por eso”, resumió un opositor después de la reunión de labor parlamentaria, donde hubo un cruce entre referentes del PJ y la UCR.
Antes de que la política volviera a este contrapunto, la Legislatura había ofrecido una sesión especial por el 25° aniversario de la última Convención Constituyente de Córdoba, con convencionales invitados y un clima institucional diferente. La sesión ordinaria posterior reinstaló la disputa entre el PJ y el radicalismo de De Loredo.