La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa y mantuvo el procesamiento por tráfico de estupefacientes y un embargo de 30 millones de pesos. El ex funcionario seguirá detenido hasta el juicio.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma unánime de los magistrados Alejandro W. Slokar, Daniel A. Petrone y Diego G. Barroetaveña, rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Facundo Leal, ex titular de Arsat y del Orsna durante la gestión de Javier Milei. La decisión confirma su procesamiento por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y un embargo sobre sus bienes por 30 millones de pesos. De este modo, Leal deberá esperar su juicio en prisión.
Los camaristas argumentaron que las medidas cautelares como la prisión preventiva no constituyen una sentencia definitiva y señalaron que la defensa no logró demostrar una «cuestión federal» ni un accionar arbitrario en las instancias anteriores que justificara la intervención extraordinaria de Casación. Con este fallo, la situación procesal del acusado quedó consolidada.
El abogado defensor de Leal, Marcelo Rochetti, no quiso dar declaraciones al ser consultado por este medio.
La investigación que derivó en su detención comenzó con el rastreo de un robo de materiales vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica, que se encontraban en un depósito de la localidad bonaerense de San Fernando. A partir de esa pista, efectivos de la Policía Federal allanaron propiedades del entonces funcionario tecnológico.
En su departamento, las autoridades secuestraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, monedas de otros seis países y estupefacientes que incluían cocaína, ketamina y drogas sintéticas. En su residencia en la provincia de Mendoza, los agentes hallaron aproximadamente 1.700.000 dólares más.
En paralelo al expediente por narcotráfico, Leal enfrenta una segunda causa judicial centrada en su paso por la función pública, específicamente por presuntas maniobras de corrupción en Arsat. La Justicia investiga un presunto esquema de retornos económicos: sospecha que la cúpula del organismo cobraba coimas a cambio de adjudicar contratos y servicios de forma directa a una empresa operadora privada, salteando los procesos competitivos y los controles de transparencia del Estado.
Según los investigadores, a través del cruce de audios, registros y mensajes de WhatsApp lograron reconstruir cómo operaba esta red de complicidades. La causa se encuentra en etapa de instrucción.