La detención de Omar Manuel Ludueña, empleado de la Legislatura de Córdoba y asesor del bloque radical, derivó en un intercambio de declaraciones entre el oficialismo y la UCR sobre los antecedentes judiciales de asesores y las responsabilidades políticas.
La detención de Omar Manuel Ludueña, empleado de planta de la Legislatura cordobesa y asesor del bloque radical, generó un cruce de declaraciones entre el jefe del oficialismo, Facundo Torres, y el titular de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich.
Ludueña fue arrestado en el Polo de la Mujer tras una orden de captura librada por la fiscal Ingrid Vago, a raíz de una denuncia por abuso sexual agravado. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2017 contra una de dos hermanas adoptivas, cuando la denunciante tenía 14 años. El imputado rechazó los cargos a través de su defensa y atribuyó la causa a «tintes electorales».
El caso reabrió la discusión sobre los antecedentes judiciales de asesores en la Unicameral, que ya había tenido un episodio con el exlegislador oficialista Ramón «Cañito» Flores. Flores renunció a su banca tras los escándalos que involucraron a su exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal, imputado por abuso sexual infantil, grooming y producción de material de abuso infantil, y a su excolaborador Ariel Alejandro Rodríguez, con condena firme a prisión por peculado y usurpación.
Torres cuestionó lo que consideró una inconsistencia de la oposición al juzgar estos episodios. Sostuvo que, durante días, sectores del radicalismo actuaron como «fiscales, jueces y dueños de la moral» ante el caso de Flores, exigiendo sanciones antes de la intervención judicial y sosteniendo que la responsabilidad política alcanzaba a quienes «cobijaban» a los acusados. «Montar un show y sobreactuar indignación es fácil. Lo difícil es sostener la misma posición cuando los hechos aparecen dentro de las propias filas», declaró el referente parlamentario del PJ.
Gvozdenovich respondió a través de declaraciones. «No somos iguales. No hay nada que comparar», afirmó, y defendió el accionar de la legisladora Alejandra Ferrero y la concejala Elisa Caffaratti, ambas dirigentes del círculo más próximo a Rodrigo de Loredo. Según el opositor, ante la denuncia, las parlamentarias radicales acompañaron a la víctima y reclamaron medidas sin recurrir a encubrimientos. «No escondieron nada. No cajonearon ninguna denuncia. No buscaron una licencia para proteger a un legislador. No hubo encubrimiento, connivencia ni silencio cómplice», remarcó.
«Intentar comparar su accionar con el vergonzoso caso de ‘Cañito’ Flores es una maniobra miserable destinada exclusivamente a ensuciar a dos funcionarias que cumplieron con su deber», aseveró el radical.
Torres replicó en redes sociales. «No, no somos iguales, en eso tenés razón. Nosotros no necesitamos del oportunismo, el cinismo, la manipulación y la hipocresía para hacer política», escribió. «Hicieron lo que tenían que hacer frente a hechos públicos que no les dejaban demasiado margen. No vendan bondad donde hubo solo un intento de salir de una crisis que los desbordó», agregó.
La radical Brenda Austin también se pronunció. «El peronismo quiere hacer creer que todos somos lo mismo. Sin embargo, este hecho muestra el abismo ético que nos separa», sostuvo, y agregó: «Ustedes, con (Ricardo) Moreno y (Ramón) Flores, se dedicaron a encubrir delincuentes y a darles un cargo político aun sabiendo de sus delitos». Austin afirmó que en el caso del colaborador radical «la víctima se contacta con la concejala Elisa Caffaratti, quien va a la Justicia, en vez de encubrirlo, protegerlo y ascenderlo».
El arresto de Ludueña reabrió la brecha en la Unicameral cordobesa. El oficialismo cuestionó a la oposición por la falta de la «misma vara» para medir las responsabilidades institucionales, mientras que desde la bancada UCR rechazaron las comparaciones y calificaron la embestida del PJ como una «canallada política».