El Gobierno licita la concesión del Belgrano Cargas por 50 años

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Tren de carga del Belgrano Cargas en una vía

El Ejecutivo nacional lanzó la licitación para entregar en concesión por medio siglo las tres líneas del Belgrano Cargas. El anuncio generó debate sobre el control estatal, la participación de trabajadores y los mecanismos de resolución de conflictos.

El Gobierno nacional lanzó la licitación para entregar en concesión, por 50 años, las tres líneas del Belgrano Cargas. El sistema ferroviario cuenta con alrededor de 7.600 kilómetros de vías operativas en 16 provincias, que conectan el norte productivo con los puertos y con el resto de Sudamérica.

Según datos oficiales, el tren de carga transporta actualmente cerca del 5% de la carga total del país. En 2021 y 2022 se registró un récord de más de 8 millones de toneladas transportadas, tras obras de infraestructura realizadas en ese período.

El pliego de la concesión establece que el concesionario podrá solicitar al Estado la liberación de tramos considerados “no operativos”. De los más de 15.000 kilómetros de vías que conforman las tres líneas, aproximadamente la mitad se encuentra en funcionamiento.

En materia de resolución de controversias, el contrato prevé un panel técnico interno. Si la disputa no se resuelve y el monto supera los 500.000 dólares, el caso podrá derivar en un tribunal arbitral con sede en Uruguay si el concesionario tiene accionistas domiciliados en el exterior. Las empresas con accionistas locales solo podrán litigar en la Ciudad de Buenos Aires. Además, las compañías extranjeras podrán recurrir a tratados bilaterales de inversión.

El esquema tarifario fija un techo, no un precio fijo, que se actualiza anualmente y contempla un incremento adicional del 15% al finalizar las obras obligatorias. El pliego no detalla mecanismos públicos de control sobre el cumplimiento de las inversiones ni prevé la participación de los trabajadores ferroviarios en la gestión.

Durante la década de 1990, las líneas del Belgrano fueron operadas por una empresa privada. En 2013, el Estado rescindió los contratos por incumplimientos en inversiones y abandono de material ferroviario y vías.