Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria con instrucciones para reducir drásticamente los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o green card antes de ser deportados. Entre los afectados figuran menores víctimas de abandono o abuso y sobrevivientes de delitos graves, según materiales de capacitación del gobierno federal obtenidos por The Guardian.
Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria con instrucciones para reducir drásticamente los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o green card antes de ser deportados. Entre los afectados figuran menores víctimas de abandono o abuso y sobrevivientes de delitos graves, según materiales de capacitación del gobierno federal obtenidos por The Guardian.
La presentación virtual, titulada “Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion” (“Mociones de continuación: avanzar los casos hacia su resolución de manera eficiente”), fue dirigida por Keith Hunsucker, juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración —la rama de apelaciones de los tribunales migratorios—, quien rechazó más del 80% de las solicitudes de asilo durante gran parte de su trayectoria en los tribunales de inmigración.
Qué son las “continuances” y por qué importan en los tribunales migratorios
En el sistema judicial migratorio de Estados Unidos, una continuance es el aplazamiento de una audiencia o de la resolución de un caso. Los jueces de inmigración pueden concederlas cuando una persona necesita tiempo para contratar representación legal, cuando su solicitud está pendiente de evaluación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) —que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, o cuando aguarda la disponibilidad de una visa ya aprobada, sujeta a cupos anuales.
El mecanismo cumple una función central en el debido proceso migratorio: sin esas prórrogas, una persona puede llegar a una audiencia sin abogado y ser deportada antes de que una agencia federal haya procesado su solicitud. Según los materiales obtenidos por The Guardian, la capacitación impartida por Hunsucker apuntó a reducir ese margen al mínimo, con el argumento de que algunas prórrogas se solicitan únicamente con fines dilatorios.
“Las solicitudes de continuance presentadas exclusivamente con fines de demora no deben ser admitidas por los jueces de inmigración”, se leía en una de las diapositivas, según el medio británico.
Los grupos más vulnerables ante la nueva directriz de deportaciones
La capacitación identificó dos categorías de migrantes en riesgo: jóvenes que pueden calificar para la clasificación de inmigrante juvenil especial (SIJ), destinada a menores abandonados, maltratados o descuidados, y víctimas de delitos graves que buscan una visa U, mecanismo de protección para sobrevivientes de crímenes violentos que colaboran con las autoridades.
Ambas vías de protección requieren tiempo de procesamiento. Una deportación, según advirtieron defensores de migrantes en respuesta a la nota de The Guardian, puede cerrar o dificultar significativamente esas opciones: algunos estatus migratorios se vuelven inaccesibles para quienes han sido expulsados del país, lo que convierte una orden de deportación apresurada en un obstáculo permanente para solicitudes legítimas.
La presentación también planteó que una petición de visa aprobada no debería retrasar los procedimientos de deportación si la visa en sí aún no está disponible por los cupos anuales, aunque la persona calificada fuera a recibirla en una fecha posterior no especificada. Esta postura preocupó a críticos que señalaron que esos tiempos de espera escapan al control del solicitante y dependen de las listas de espera de USCIS, no de su inacción.
La administración Trump y el argumento del atraso histórico en los tribunales de inmigración
La justificación oficial de la medida se enmarca en la crisis de acumulación de casos en los tribunales migratorios. Según los materiales de capacitación, hay alrededor de 3,2 millones de expedientes pendientes a nivel nacional. Hunsucker presentó la restricción de las prórrogas como una herramienta para reducir ineficiencias y demoras evitables. Una diapositiva planteó que, cuando una parte “duerme sobre sus derechos” y no demuestra diligencia, la prórroga no está justificada.
En respuesta a una solicitud de comentario de The Guardian, un vocero del Departamento de Justicia afirmó, sin revelar su identidad: “Reducir el atraso en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las principales prioridades de esta administración. El Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema migratorio al resolver los casos de manera justa, expedita y uniforme, conforme a la ley”, según recogió el medio.
Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia afirmó que la agencia prioriza la resolución oportuna de todos los casos y que los jueces deben cumplir la legislación migratoria, reglamentos, decisiones precedentes y políticas de la EOIR. Según The Guardian, agregó que las demoras innecesarias perjudican a extranjeros con solicitudes legítimas y al público estadounidense, que desea que los extranjeros con solicitudes sin mérito sean removidos rápido.
Acceso a representación legal y el riesgo de deportación sin abogado
La restricción de prórrogas afecta la posibilidad de que los migrantes tengan abogado. Según documentos obtenidos por The Guardian, la capacitación indicó que los jueces podrían dar hasta 10 días para conseguir representación legal antes de continuar el caso. Una fuente anónima cuestionó ese plazo: “Pensé: ¿quién tiene tiempo de encontrar un abogado en 10 días?”.
Tener abogado impacta el proceso migratorio: entre 2019 y 2024, casi una cuarta parte de los migrantes con representación recibió orden de deportación, contra más del 60% sin abogado, según el American Immigration Council. En junio, solo una quinta parte de quienes recibieron orden de deportación tenía representación.
Los abogados migratorios también quedan bajo presión
La capacitación incluyó una advertencia a los abogados de inmigración: si aceptan más casos de los que pueden manejar, el juez podría remitirlos al consejo disciplinario de la EOIR para posible sanción. Críticos alertaron que esta amenaza, junto a la escasez de representación legal, agrava la situación de los migrantes más vulnerables.
“No hay espacio para ser amable; solo existe la urgencia de hacer que se vayan, de una manera u otra”, dijo la fuente anónima citada por The Guardian, al describir el espíritu de la capacitación.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que permite al fiscal general emitir decisiones con valor de precedente y controlar sus operaciones. Según The Guardian, esto hace que directrices como las de esta capacitación obligatoria tengan alcance inmediato sobre cientos de jueces en todo el país.