Mediante el DNU 867/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplió el presupuesto del Ministerio de Defensa en $217.954 millones, de los cuales $206.373 millones se destinarán a adelantos a proveedores para la base naval integrada de Ushuaia y la Base Petrel. También otorgó $30.519 millones adicionales a la SIDE, un aumento del 20,85%.
El Gobierno nacional oficializó este viernes, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026 publicado en el Boletín Oficial, una ampliación presupuestaria de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa. Del total, más de $200.000 millones se destinarán a adelantos a proveedores y contratistas para la construcción de la base naval integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego, y la finalización de la Base Petrel, en la Antártida. Además, se asignaron $30.519 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que representa un incremento del 20,85% sobre su presupuesto vigente.
Según el relevamiento realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Defensa contaba con un crédito vigente de $5,65 billones y recibió una ampliación de $217.954 millones, equivalente al 3,86%. Con esta modificación, sus recursos ascienden a $5,87 billones. Al tipo de cambio mayorista actual, cercano a los $1500 por dólar, el refuerzo equivale a aproximadamente US$145 millones.
La mayor parte de la ampliación, $206.373 millones, figura como “aplicaciones financieras destinadas a adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. Según fuentes del Ministerio de Defensa, se trata de un primer refuerzo para las dos bases estratégicas, cuyos proyectos de inversión estarán registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) y las obras serán licitadas.
De esos $206.373 millones, $114.733 millones fueron asignados directamente al Ministerio de Defensa, $60.429 millones al Ejército y $31.211 millones a la Fuerza Aérea. A este monto se suman $11.581 millones en gastos corrientes y de capital, de los cuales $8.116 millones corresponden a la Armada, $2.946 millones a la Fuerza Aérea y $519 millones al Estado Mayor Conjunto. Estos fondos se destinarán a gastos operativos, como combustibles y servicios.
La medida se oficializó un día después de la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las islas Malvinas, en la que anticipó el incremento de recursos para Defensa con el objetivo de construir la base naval integrada en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. El proyecto de la base es anterior a la actual administración: las obras comenzaron en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, y luego quedaron estancadas.
El exministro Jorge Taiana declaró: “En el año 2022, cuando era ministro de Defensa, iniciamos las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años fueron paralizadas por Milei y que hoy, ante el creciente interés de la Causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar”. Y agregó: “No es estrategia geopolítica, es oportunismo electoral”.
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo sostiene que la modificación presupuestaria busca “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
En cuanto a la SIDE, el organismo tenía disponibles $146.397 millones y recibió $30.519 millones adicionales, elevando su presupuesto a $176.916 millones, un incremento del 20,85%. Los fondos fueron asignados al programa “Información e Inteligencia”, con $10.905 millones en gastos corrientes y $19.614 millones en gastos de capital. Entre los gastos corrientes se incluyen $3.617 millones para bienes de consumo y $7.288 millones para mantenimiento, reparación y limpieza. Los gastos de capital se destinan íntegramente a maquinaria y equipamiento, incluyendo $6.306 millones para equipos de computación, $3.451 millones para mobiliario y equipos de oficina, $2.659 millones para herramientas y repuestos mayores, y $7.199 millones para equipos varios.
El DNU produjo un incremento neto de $236.137 millones sobre el presupuesto general, ya que las ampliaciones fueron parcialmente compensadas con reducciones en otras partidas, principalmente en Obligaciones a Cargo del Tesoro, por unos $490.633 millones.