A través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó las partidas presupuestarias para la modernización del equipamiento militar y el cumplimiento del RIGI en el archipiélago.
El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial los decretos 867 y 868, mediante los cuales se oficializaron las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional sobre la soberanía de las islas Malvinas, emitida el jueves por la noche.
El Decreto 867, bajo la modalidad de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), introduce modificaciones en el Presupuesto y habilita al Ejecutivo a reasignar partidas con el fin de dotar de recursos a áreas estratégicas. Entre los puntos destacados, se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y se destinaron fondos específicos al Ministerio de Defensa. El objetivo declarado es “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
El Decreto 868 designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley N° 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y prohíbe actividades sin la habilitación correspondiente de las autoridades nacionales.
Según los considerandos del texto, la decisión de concentrar estas competencias en la Cancillería busca “fortalecer la articulación entre las acciones administrativas de carácter sancionatorio y la estrategia diplomática de la República Argentina”.
La medida se vincula con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno estableció que cualquier empresa o “Vehículos de Proyectos Únicos” (VPU) que pretenda adherirse a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI deberá presentar una declaración jurada. Los representantes legales deberán consignar que ni la empresa ni sus accionistas incurren ni incurrirán en actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas circundantes a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
En términos operativos, el nuevo protocolo administrativo acelera los plazos de sanción. Una vez detectada una presunta infracción, como el desarrollo de actividades logísticas, financieras o técnicas para la explotación ilegal de hidrocarburos, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo.
El Decreto 868 instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional a “informar a la Cancillería cualquier hecho que pueda configurar una violación a la normativa en un plazo máximo de cinco días desde su conocimiento”.