El presidente Javier Milei anunció el 3 de septiembre un paquete de medidas vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas, que incluye sanciones a empresas que operen sin autorización argentina en la plataforma continental. La oposición y analistas señalaron que la normativa ya existía desde 2011 y que no se registraron avances en la negociación bilateral con el Reino Unido.
El presidente Javier Milei anunció el 3 de septiembre un conjunto de medidas vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas, entre las que se incluyen sanciones a empresas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización argentina en la plataforma continental. El anuncio se realizó en una cadena nacional y fue acompañado por un decreto que establece mecanismos para agilizar la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915.
La Ley 26.659, sancionada el 16 de marzo de 2011, estableció condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y prohibió que personas físicas o jurídicas que realizaran actividades no autorizadas en el área de Malvinas mantuvieran relaciones económicas con el Estado. La Ley 26.915, sancionada en noviembre de 2013, modificó la anterior e incorporó penas de prisión de cinco a diez años para exploración sin autorización y de diez a quince años para extracción, además de multas, decomisos e inhabilitaciones.
El decreto 868/2026, firmado por Milei, invoca expresamente ambas leyes y establece plazos y mecanismos de coordinación entre organismos nacionales para su aplicación. Según el Gobierno, la medida busca hacer más efectiva la defensa de los recursos naturales en el área de Malvinas.
En su discurso, Milei sostuvo que los isleños, “al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”. Esa posición coincide con la sostenida por Argentina en foros internacionales desde hace décadas, basada en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la disputa de soberanía con el Reino Unido e insta a negociar teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
El presidente también mencionó su expectativa de que Estados Unidos revise su posición sobre la disputa, a partir de una consulta realizada al presidente Donald Trump. Trump, consultado sobre el tema, declaró que revisa “todas las posiciones” y que la cuestión de Malvinas es “una de muchas”. No anunció un cambio de política ni un reconocimiento de la soberanía argentina.
Durante la gestión de Milei, el Reino Unido mantuvo su postura de no negociar sobre la soberanía sin el consentimiento de los isleños. En junio de 2026, Londres reiteró oficialmente ante la Organización de los Estados Americanos que no existe posibilidad de negociación sin el acuerdo y la participación de los habitantes de las islas. El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, en junio de 2025, volvió a pedir a Argentina y al Reino Unido que reanudaran las negociaciones.
En febrero de 2024, la entonces canciller Diana Mondino se reunió con el canciller británico David Cameron; ambas partes constataron su desacuerdo sobre la soberanía. En septiembre de 2024, Mondino y el canciller David Lammy acordaron avanzar en cuestiones humanitarias, conectividad y conservación pesquera, bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía. No se registraron negociaciones sobre la cuestión de fondo.
En la oposición, legisladores de distintos bloques cuestionaron el anuncio presidencial. Señalaron que la normativa citada por el Gobierno existe desde hace más de una década y que no se observan avances concretos en la negociación bilateral. También recordaron declaraciones previas de Milei y de Mondino en las que sugirieron que los isleños podrían “votar con los pies” para ser argentinos, así como la admiración expresada por Milei hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.
El Gobierno, por su parte, defendió las medidas como un paso para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. No se informó aún sobre la implementación práctica del decreto ni sobre los plazos previstos para su aplicación.