La antropóloga María Vardé, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que algunos fiscales convierten, sin pruebas, el rechazo de mujeres a considerarse víctimas en la confirmación de que lo son. Su análisis fue difundido en el sitio ‘Diversidad Religiosa’ y se refiere a la causa que se sigue en Bariloche contra Konstantin Rudnev.
Buenos Aires, 16 de agosto (NA) – La antropóloga María Vardé, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, difundió un análisis en el sitio web “Diversidad Religiosa” en el que reconstruyó el uso de la categoría “organización coercitiva” en el vocabulario judicial y en causas en proceso, como la que se sigue en Bariloche contra Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas. En ese marco, remarcó que algunos fiscales “convierten, sin pruebas, el rechazo de mujeres a considerarse víctimas en la confirmación de que lo son”.
Según Vardé, las causas que analizó presentan una regularidad constante: “La caracterización como ‘secta’ u ‘organización coercitiva’ y la hipótesis de persuasión coercitiva desde las etapas iniciales, antes de constituirse como conclusión de la investigación”.
Esa descripción coincide con las primeras publicaciones de la Fiscalía de Bariloche en su sitio web oficial, donde se indicó que el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo aseguró desde el primer momento que en la causa Rudnev hubo “persuasión coercitiva, es decir, reducir a la víctima a una situación de explotación que se materializa en un dominio por parte del líder”. Asimismo, se agregó que “la víctima tiene viciada su voluntad, por esa razón, accede”.
Vardé, en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostuvo que este tipo de acusación del fiscal Arrigo se repite en algunas causas judiciales: “Esta combinación entre vulnerabilidad y persuasión coercitiva terminaba atribuyendo incapacidad para tomar decisiones autónomas precisamente a las personas cuya condición de víctimas debía demostrarse”.
El problema de esta postura, según la especialista, es “la lectura de las pruebas”.
“Si se presume que una persona ha perdido la capacidad de reconocer qué desea, su negativa a considerarse víctima deja de debilitar la hipótesis acusatoria. De hecho, la refuerza: ‘No sabe que es víctima precisamente porque ha sido manipulada’. La teoría adquiere así una estructura difícil de someter a refutación empírica”, señaló.
Esto ocurrió en el expediente federal de Bariloche, donde Rudnev está imputado por presunta trata de personas. En la causa consta la declaración en Cámara Gesell de Elena Makarova, señalada como presunta víctima. Allí, Makarova, en referencia al principal acusado, respondió: “No, no lo conozco”. Explicó que en Bariloche vivió con una amiga y que se desplazó sin restricciones, y negó haber sido manipulada, explotada o privada de su libertad. La fiscalía, sin embargo, continuó considerándola víctima después de esa declaración y hasta la actualidad.
El primer cuestionamiento de Vardé es normativo: “La legislación argentina define la trata mediante conductas -captar, trasladar, recibir o acoger- realizadas con fines de explotación. La ley contempla esclavitud o servidumbre, trabajos forzados, explotación de la prostitución ajena. El Código Penal incluye como agravantes la violencia, las amenazas, el engaño, la coerción o abuso de una situación de vulnerabilidad. No contiene, en cambio, las categorías ‘organización coercitiva’ ni ‘persuasión coercitiva’”.
En un trabajo anterior, de 2024, Vardé documentó que desde 2018 se incorporaron en los discursos antitrata argentinos expresiones tomadas del repertorio antisectas: “secta”, “lavado de cerebro”, “organización coercitiva” y “persuasión coercitiva”. El relevamiento de documentos y causas mostró que operaban como sinónimos: “’Organización coercitiva’ reemplazaba a ‘secta’, mientras que ‘persuasión coercitiva’ a ‘lavado de cerebro’”.
La investigadora fue explícita en que su cuestionamiento no equivale a pedir impunidad. “Investigar explotación laboral, sexual, patrimonial o cualquier otro delito cometido dentro de una comunidad religiosa es indispensable cuando existen indicios”, escribió, y agregó que ninguna organización espiritual tiene que quedar al margen de la ley.
El resguardo, sostuvo, está en otro punto: “Las creencias, la disciplina comunitaria, el trabajo voluntario, las donaciones, la vida compartida o una adhesión intensa no pueden funcionar por sí mismos como prueba sustitutiva de la explotación que la ley exige demostrar”.
Su conclusión describe un trayecto completo: “Una teoría cuestionada sobre la transformación de la voluntad pasó del movimiento antisectas al lenguaje antitrata, del lenguaje antitrata a documentos estatales, de esos documentos a expedientes judiciales y, finalmente, a informes que la presentan como una modalidad emergente de criminalidad”.
La descripción de Vardé tiene correlato con la contradicción entre la hipótesis de la Fiscalía de Bariloche y lo que sostiene la propia mujer señalada como víctima. En una entrevista exclusiva con el programa “Tiempo de Policiales”, por ATP Stream, Makarova declaró: “Yo no soy víctima de los ciudadanos rusos que fueron detenidos en Argentina en aquel momento. No los conozco, nunca los he visto y no tengo la menor idea de cómo podría ser su víctima”.
Sobre los motivos de su llegada al país, la joven rusa explicó que no respondieron a ninguna organización ni a las personas investigadas en la causa, sino a una situación personal crítica. “Fui a la Argentina para descansar, pero en realidad mi propósito inicial era algo más complejo. En Rusia tenía una relación difícil, tóxica, y eso me hacía preocuparme mucho por mi bebé”, relató.
Según su testimonio, su pareja se oponía al embarazo y eso le generaba temor por su integridad y por la del hijo que esperaba, de modo que buscó en Bariloche un entorno más seguro para transitar ese momento. De esos meses previos al parto guarda un recuerdo opuesto al que sostiene la hipótesis acusatoria: “Mi vida cotidiana en Bariloche era simplemente maravillosa. No tenía ninguna restricción de movimiento, era libre en mis acciones y decisiones”. Y agregó: “Caminaba mucho, respiraba aire fresco, hablaba con mis padres, con mis amigos. Comía bien, me sentía mejor. Fue el mejor momento de mi vida”.
El punto de quiebre, según su relato, llegó con el nacimiento de su hijo. “Yo no entendía lo que estaba pasando. Acababa de dar a luz, estaba con mi bebé y de repente aparecieron policías y fiscales que empezaron a hacerme preguntas”, contó. Aseguró que nunca recibió una explicación: “No me explicaron nada. Me llamaron víctima de las circunstancias, pero no me dijeron de quién ni por qué. No sabía qué estaba pasando”.
Sobre el período posterior denunció condiciones que describió como extremas: “A veces no tenía agua caliente, no tenía una alimentación adecuada, no me permitían salir con mi bebé a tomar aire fresco. Los primeros tres meses de vida de mi hijo transcurrieron en cautiverio”. Y añadió: “El horror que soporté durante esos tres meses todavía se me aparece en pesadillas. No entendía cómo cuidar a mi hijo ni qué hacer”.
Su testimonio se cerró en ese momento con un cuestionamiento explícito al accionar judicial: “Considero que la fiscalía actuó de manera injusta con todos nosotros y especialmente conmigo. No entiendo por qué tuvimos que pasar por todo esto”.