La administración de Javier Milei debe definir el futuro de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), controlada por Eduardo Eurnekian, luego de que el Ejecutivo rechazara el preacuerdo firmado en 2020 y exigiera una auditoría anual de cumplimiento de metas.
La relación entre el presidente Javier Milei y el empresario Eduardo Eurnekian, expresidente corporativo del holding que controla Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), ha atravesado distintas etapas. En la actualidad, con las relaciones de poder invertidas, el mandatario debe resolver la disputa por la concesión de la empresa que opera 35 terminales aéreas en todo el país.
El conflicto se centra en la extensión del contrato de concesión. El grupo de Eurnekian busca ratificar una prórroga hasta 2056, mientras que el Ejecutivo rechazó el preacuerdo firmado en 2020 y pretende auditar año a año el cumplimiento de las metas contractuales. Según fuentes oficiales, se exigen «justificaciones técnicas» antes de otorgar cualquier beneficio regulatorio.
El punto central del desacuerdo es un programa de infraestructura por 600 millones de dólares destinado a la modernización y ampliación de aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque. La concesionaria sostiene que no puede obtener financiamiento internacional sin una garantía de extensión del contrato a largo plazo. Por su parte, el Gobierno advierte que el incumplimiento de las obras acordadas podría derivar en sanciones administrativas o en la rescisión de la concesión.
Otro punto de controversia es la tasa de rentabilidad del 16,45% que mantiene la empresa. AA2000 afirma que ese porcentaje es indispensable para absorber los costos operativos de las terminales del interior. En el Ejecutivo, en cambio, califican la cifra de «exorbitante» y buscan adecuarla a un margen más ajustado a las condiciones actuales del mercado.
Las conversaciones se desarrollan en un marco de reestructuración dentro del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tras la salida de su anterior conducción, que está involucrada en causas judiciales. La falta de definición en el ente regulador agrega incertidumbre al dictamen final sobre la viabilidad de las pretensiones de la empresa.
De no alcanzarse un acuerdo, la parálisis del plan de inversiones postergaría las obras de infraestructura pendientes y podría generar un ajuste en las tasas aeroportuarias. Si se aplicara un incremento de tarifas para equilibrar la ecuación financiera de la firma, el costo se trasladaría a los pasajes aéreos, lo que afectaría la competitividad del sector y la conectividad del país.