Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el 24 de junio, dejando al menos 6.100 muertos. El gobierno abrió el país a la ayuda internacional, mientras la capacidad de respuesta estatal se vio limitada por la crisis previa.
El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, con epicentro cerca de La Guaira, estado costero cercano a Caracas. El saldo oficial de víctimas fatales es de al menos 6.100 personas, con miles de desaparecidos.
La presidenta Delcy Rodríguez recibió la llamada de la ONU poco después de las 4 de la mañana. El funcionario de mayor rango de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, ofreció equipos de rescate internacionales. Rodríguez respondió: “Que vengan todos, no importan los países, no importan los aliados, los no aliados, que vengan todos”.
En las horas posteriores, Venezuela abrió sus puertas a la ayuda internacional, incluyendo equipos de Estados Unidos, Israel, Guyana y El Salvador. Los rescatistas contaban con perros de búsqueda, cámaras de fibra óptica y detectores de sonido.
La capacidad de respuesta del gobierno se vio limitada por la crisis económica, las sanciones internacionales y las decisiones previas del Partido Socialista, que incluyeron recortes presupuestarios, corrupción y represión de la disidencia. La escasez de personal cualificado y equipos, así como la falta de datos sísmicos precisos, retrasó la identificación de la zona más afectada. Las labores de rescate oficiales comenzaron aproximadamente 10 horas después de los sismos.
La desconfianza de la población hacia el gobierno llevó a que civiles acudieran en masa a La Guaira para rescatar personas y entregar suministros. Para la tarde del 25 de junio, la carretera principal estaba colapsada, lo que complicó las operaciones de rescate.
El gobierno mantuvo inicialmente abierta la carretera. Según el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, “había tanta gente desesperada por venir a buscar a sus familiares que, si se hubiera cerrado el acceso desde el principio, Caracas habría estallado”. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso a La Guaira la noche del 26 de junio, aproximadamente 50 horas después de los terremotos.
En el plano internacional, la presidenta Rodríguez fortaleció alianzas, incluida la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó su labor como “fantástica”. El secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció el apoyo pleno de Estados Unidos. Washington movilizó unos 2.000 militares y más de 300 rescatistas, y destinó casi 400 millones de dólares a la respuesta. También flexibilizó sanciones económicas para agilizar pagos humanitarios.
El control de Estados Unidos sobre los ingresos públicos venezolanos, administrados por el Tesoro estadounidense, limitó la rapidez de los movimientos de dinero. El aeropuerto principal de La Guaira resultó dañado, y ingenieros militares estadounidenses repararon la pista y se hicieron cargo temporalmente de la torre de control.
Los primeros equipos de rescate aterrizaron en una base militar a unos 145 kilómetros de distancia. Los rescatistas estadounidenses rescataron a cinco supervivientes durante su estancia de aproximadamente 12 días.
Este relato se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios venezolanos y estadounidenses, empresarios, diplomáticos, rescatistas y voluntarios. Algunos funcionarios solicitaron el anonimato. El portavoz de Rodríguez remitió a un video que destaca que la “máxima prioridad del presidente en las primeras 72 horas fue salvar vidas”.