Especialistas en derecho constitucional y la UCR cuestionaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones, por considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales para su dictado.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, mediante el cual el Gobierno modificó la Ley de Migraciones para endurecer las causales de expulsión de extranjeros, recibió cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y de la Unión Cívica Radical (UCR).
Críticas de constitucionalistas
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la reforma «avasalla al Congreso de la Nación» al haberse realizado mediante un DNU sin que existan las condiciones previstas por la Constitución Nacional para su dictado. En su cuenta de X, escribió: «Otra vez la ley de migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución. Esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro».
El abogado también señaló que «lo paradójico es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio'», en referencia a los enfrentamientos diplomáticos que el Presidente mantuvo con mandatarios de esos países.
Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro cuestionó el instrumento elegido. «Lo que es muy cuestionable es el instrumento. El Presidente, para poder meter mano en esta materia, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar su sanción. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales», afirmó en declaraciones a Clarín.
Lonigro diferenció el mecanismo utilizado del contenido de la norma. A su entender, la incorporación de una causal para revocar la residencia de extranjeros que agredan al pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios resulta, en términos generales, «lógica» y «adecuada». Sin embargo, advirtió que la aplicación de esa sanción presenta otro problema constitucional: la decisión queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. «Debería ser un juez quien evalúe si se produjo esa ofensa antiargentina o no», sostuvo.
Posición de la UCR
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, afirmó que el decreto «es inconstitucional» ya que «no hay ni necesidad ni urgencia». Por ese motivo, manifestó que el Congreso Nacional «debe rechazarlo expresamente».
Chiarella criticó la decisión al señalar que va en contra de la postura histórica del país: «Argentina es un país que se hizo grande cuando abrió sus brazos a nuestros abuelos que llegaron desde diferentes países para desarrollar nuestra Nación», dijo en un posteo en sus redes sociales.
Contenido del DNU
La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2026 y publicada en el Boletín Oficial. La Oficina del Presidente comunicó que la decisión responde a una reciente «campaña antiargentina» que trascendió el ámbito deportivo tras el Mundial 2026 y que tuvo repercusiones en la política internacional.
Según expresó el Gobierno, la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de los símbolos nacionales constituye un principio «innegociable». El comunicado oficial incluyó una definición atribuida al mandatario: «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
La norma establece que podrán ser alcanzados por la prohibición de ingreso o la expulsión quienes hayan dirigido mensajes de odio, ya sea de manera oral o escrita, o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad. También comprende a quienes hayan realizado, participado o promovido actos de ultraje contra los símbolos patrios.