Mediante un decreto reglamentario, el Ejecutivo habilitó el rechazo o la expulsión de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o ciudadanos argentinos, en el marco de lo que calificó como una «campaña antiargentina» durante el Mundial de fútbol.
El Gobierno nacional publicó este jueves un decreto reglamentario de la Ley de Migraciones que permite rechazar o expulsar del país a extranjeros “que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y difundida en redes sociales durante la mañana, con el objetivo de ocupar los titulares de los medios de comunicación. Según fuentes del oficialismo, la iniciativa fue impulsada por el presidente Javier Milei y ejecutada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, bajo la supervisión del asesor Santiago Caputo.
El contexto de la decisión se enmarca en lo que el Gobierno denominó “ola antiargentina” durante el campeonato mundial de fútbol, luego de críticas hacia los argentinos en redes sociales y acusaciones de supuestos beneficios del seleccionado nacional por parte de la FIFA. A ello se sumó la exhibición de una bandera reivindicatoria de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas por parte de algunos jugadores tras el triunfo ante Inglaterra.
El decreto generó críticas de constitucionalistas, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes opositores, quienes señalaron la falta de definición del concepto “mensaje de odio” y la discrecionalidad que otorga a las autoridades. El abogado y excamarista federal Ricardo Gil Lavedra sostuvo que “no está justificada la necesidad y urgencia” y que la categoría de discurso de odio “tiene una indeterminación y una vaguedad absoluta”.
Por su parte, el abogado Hugo Wortman Jofré afirmó que “el decreto es un verdadero dislate” y que “afecta el principio de legalidad”. El constitucionalista Roberto Gargarella calificó la medida como “una aberración inconstitucional” y advirtió que contradice el discurso del Gobierno en otras áreas.
Desde el oficialismo, en cambio, celebraron la repercusión del anuncio. Una fuente cercana a Santiago Caputo indicó que se trata “del comunicado más likeado de la historia de la OPRA” y que “cuadruplica los números de los mejores comunicados”.
Consultoras privadas relativizaron el impacto del decreto fuera de la burbuja oficialista. Patricio Hernández, director de la consultora Méthodo, señaló que “el tema se encapsula en una burbuja oficialista que lo apoya, pero casi no incluye a sectores ajenos al oficialismo”.