Trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Córdoba anunciaron nuevas medidas de fuerza para esta semana, en el marco de un conflicto salarial que persiste sin resolución.
Mientras se espera que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin, se reincorpore a sus actividades, el conflicto salarial que involucra a trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Córdoba continúa sin resolución.
En una asamblea de delegados realizada en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), se decidieron nuevas medidas de acción directa. Para el miércoles 29 y el viernes 31 de julio, se dispuso el abandono de tareas, mientras que el jueves los trabajadores de tribunales realizarán una movilización.
A tres días de que finalice julio, aún no hay información sobre el blanqueo del monto del primer tramo no remunerativo que el personal percibe desde el año pasado, cuando se modificó el escalafón y se estableció que la equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal llegaría al 90% en cuatro tramos, hasta completarse en 2028. Tampoco se ejecutó la segunda cuota de esa equiparación, que debía aplicarse este mes.
Además, persiste la falta de información oficial sobre los descuentos por los más de 25 días de paro registrados desde marzo. Los judiciales esperan una nueva oferta salarial. Fuentes del Gobierno provincial señalaron a Perfil CÓRDOBA que se analizan alternativas.
En paralelo, se advierte una crisis de representatividad en las organizaciones gremiales, tanto de la magistratura como del personal judicial. Si bien la Asociación de Magistrados y Funcionarios y la Agepj mantienen reuniones con el Ministerio de Justicia y el TSJ, surgieron referentes inorgánicos que impulsan protestas y reclamos. Algunos jueces y funcionarios no descartan iniciar acciones judiciales.
Al menos 1.100 jueces, fiscales, defensores y funcionarios iniciaron reclamos administrativos para que se cumpla la ley de equiparación salarial con sus pares federales, vigente desde 2012. Las autoridades tienen plazo hasta septiembre para responder.
En la última asamblea extraordinaria de la Agepj, tanto el oficialismo como las agrupaciones opositoras propusieron aceptar la oferta salarial, pero la mayoría de los empleados de las Unidades Judiciales y del interior la rechazaron. Actualmente no hay mesa de conciliación en la Secretaría de Trabajo.
El cumplimiento de la Ley de Equiparación Salarial se interrumpió en 2023, cuando el 90% de equiparación bajó al 85%. Por efecto de la Ley de Equidad Jubilatoria, este año cayó al 77%. Los descuentos por aportes a la Caja de Jubilaciones y a Apross representan en conjunto el 32,5% del sueldo.
El camarista civil Walter Simes, vocero de un movimiento autónomo de magistrados y funcionarios, afirmó: “El argumento oficial de la falta de fondos se cayó; la Provincia ha recibido excedentes millonarios que no se han traducido en mejoras, ni siquiera en la reducción de los aportes extraordinarios”. La Provincia aplica los incrementos que resuelve la Corte Suprema, pero la pérdida se produce por la licuación del poder adquisitivo desde 2023, que potenció la suba de aportes.
Simes también sostuvo que hay “injerencia de la política en la justicia” y falta autonomía económica del Poder Judicial. Actualmente, la Justicia debe pedir autorización al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el interior debido a la falta de presupuesto, lo que genera retrasos en las respuestas a los ciudadanos.