La Fiscalía de El Salvador solicitó penas de miles de años de cárcel para los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en el primer juicio masivo contra los mandos de un grupo criminal en el país. El proceso, que duró tres meses, concluyó con la petición de condenas por homicidio, femicidio, extorsión y otros delitos.
El juicio colectivo contra los jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), el primero de carácter masivo contra los mandos de un grupo criminal, concluyó en El Salvador luego de tres meses de audiencias. La Fiscalía pidió “miles de años de prisión” contra los procesados.
Los acusados enfrentan cargos por homicidio, femicidio, extorsión, tráfico de armas y drogas, desaparición de personas y rebelión, entre otros delitos, según informó la Fiscalía en un comunicado.
La causa inició el 20 de abril en un tribunal contra el crimen organizado de la capital y fue seguida en forma virtual desde diferentes presidios por los procesados, incluidos unos 220 cabecillas en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El tribunal, antes de emitir un fallo, escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.
Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además, solicitó, en concepto de responsabilidad civil, el pago de u$s9 millones por extorsión agravada.
Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias. El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, expresó en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”. “No les alcanzan ni diez vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.
Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron al presidente Nayib Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que encarceló a cerca de 92.000 personas sin orden judicial.