El Ministerio de Justicia designó a la abogada María Sol Purita como nueva representante, con carácter ad honorem, ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 312/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El Ministerio de Justicia designó a la abogada María Sol Purita como nueva representante, con carácter ad honorem, ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 312/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La resolución da por concluido el procedimiento de selección para cubrir la representación de esa cartera en la CONARE, luego de que en marzo de este año fuera aceptada la renuncia de la doctora María Florencia Zicavo, quien ocupaba ese cargo.
Según los fundamentos de la norma, la designación se realizó en cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.165, que regula el procedimiento para la elección de los representantes del organismo. En ese marco, el nombre de la postulante fue publicado durante un día en el Boletín Oficial el 14 de mayo de 2026 y se abrió un plazo de 30 días para recibir observaciones de particulares y organizaciones de la sociedad civil.
El Ministerio de Justicia indicó que, una vez cumplido ese período sin que se presentaran objeciones, correspondía avanzar con la designación de María Sol Purita, al considerar que reúne los requisitos técnicos y morales exigidos por la normativa vigente. La resolución también aclara que el nombramiento no implica erogación presupuestaria alguna.
La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) funciona en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y está integrada por cinco comisionados, entre ellos un representante del Ministerio de Justicia.
La CONARE es el organismo estatal de carácter interministerial, con participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargado de evaluar y resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Además de analizar cada caso, garantiza la protección de los solicitantes y establece que los trámites son personales, gratuitos y no requieren gestores. Su sede central funciona en la avenida Hipólito Yrigoyen 952, en la Ciudad de Buenos Aires.