El diputado nacional Nicolás Massot impulsa un proyecto de ley con medidas para reducir la presión impositiva, facilitar el financiamiento y generar empleo formal en el sector pyme.
En un escenario marcado por el cierre de 22.000 pequeñas y medianas empresas desde diciembre de 2023, el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot impulsa el proyecto de ley «Régimen Integral de Promoción de las PyMEs», que incluye una batería de medidas para bajar la presión impositiva, destrabar el financiamiento y generar empleo formal.
El legislador justificó la iniciativa por el alcance limitado de los incentivos vigentes: «A pesar de la crítica situación que viven las pequeñas y medianas empresas en el país, todos los programas de incentivos especiales creados hasta el momento por el Gobierno nacional (RIGI) sólo apuntan a los sectores energéticos, mineros y tecnológicos. Por eso, necesitamos un marco normativo para rescatar y promover a las pymes, que generan alrededor del 65% del empleo registrado y representan cerca del 42% del Producto Bruto Interno».
La propuesta, inspirada en lineamientos de Brasil, Colombia y Perú, reúne firmas de diputados de distintos bloques: la acompañan Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (UCR), Gisela Scaglia (PRO), Fernanda Ávila (PJ), Pablo Outes (Innovación Federal), Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), Carolina Basualdo, María Inés Zigarán y José Núñez (Provincias Unidas) y Lourdes Arrieta (Coherencia).
Principales puntos del proyecto
En el plano tributario, el texto plantea un recorte del 50% de las contribuciones patronales durante tres años para las firmas que sumen trabajadores y agranden su plantilla, la eliminación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para el sector, una alícuota de Ganancias reducida al 20%, beneficios por la reinversión en bienes de capital y garantías de estabilidad fiscal.
El capítulo de financiamiento crea el Sistema Automático de Calificación Crediticia (SACC-Pyme), pensado para agilizar el acceso al crédito productivo, y un Sistema Simplificado de Reestructuración de Pasivos que habilitaría a frenar por hasta 120 días las ejecuciones, los pedidos de quiebra y otras medidas cautelares mientras las compañías encaran su reorganización.
El esquema se completa con un régimen especial de regularización fiscal para empresas con deudas tributarias y con la creación de la Agencia Federal Pyme (AFePyMe), diseñada como ventanilla única para canalizar financiamiento, asistencia técnica y beneficios impositivos.
Para Massot, la relevancia de este «plan de rescate» presentado ante la Cámara de Diputados pasa por «ubicarlas en el centro del crecimiento de la Argentina», porque las pymes «son el corazón productivo del país e impulsan la inversión, el crecimiento y el empleo».