El líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó este martes la denominada Ley de Nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados, al considerar que busca alterar el censo electoral.
Santiago Abascal, presidente de Vox, criticó este martes la Ley de Nietos durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco. Afirmó que la norma tiene como propósito «alterar el censo electoral» y se apoya en «una guerra de hace un siglo» que, según dijo, el Gobierno «convierte en el debate político y público del día a día».
«A aquellos que no han vivido en España ni van a vivir no se les puede regalar la nacionalidad», declaró Abascal. «El problema es que en España se regala la nacionalidad ya a cualquiera y con cualquier tipo de objetivo».
La Ley de Nietos establece tres supuestos para obtener la nacionalidad: personas nacidas fuera de España que sean hijos o nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por exilio; hijos e hijas nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978; e hijos e hijas mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Memoria Histórica.
Abascal calificó de «barbaridad» las 2,4 millones de solicitudes y las 600.000 aprobaciones registradas. Sostuvo que en países como Cuba «se subcontratan empresas del Gobierno cubano» para gestionar las solicitudes, lo que «sobrepasa a la red consular».
El dirigente de Vox insistió en que la medida es «ingeniería electoral» y señaló que los más de 300.000 nuevos votantes nacionalizados «no son pocos». «Si se siguen nacionalizando serán muchísimos», afirmó, aunque reconoció que para influir en las elecciones basta con «unos pocos votos dirigidos a provincias concretas».
Por su parte, Pepa Rodríguez de Millán, portavoz de Vox, pidió al Partido Popular que fije una posición al respecto. Indicó que «la estrategia está muy clara: oposición total y frontal al Gobierno y las modificaciones legales que podamos impulsar para asegurar la transparencia en un futuro proceso electoral». Vox ha recurrido la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado la nulidad de la instrucción que facilita el acceso a la nacionalidad y ha pedido a la Comisión Europea que «actúe» ante la concesión masiva de ciudadanía.