El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este viernes al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a 30 años de prisión por ordenar una operación con drones en Corea del Norte en 2024, en busca de generar un pretexto para declarar la ley marcial.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl, capital de Corea del Sur, condenó este viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a 30 años de prisión por ordenar una operación con drones en Corea del Norte en aras de generar un pretexto para su declaración de la ley marcial en diciembre de 2024.
Además de la sentencia contra Yoon, la Justicia surcoreana condenó a otros 30 años de cárcel al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, a 15 años al exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In Hyung, y al exjefe del Mando de Operaciones con drones Kim Yong Dae a tres años de prisión, suspendida por cinco años, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Esta decisión responde a una petición formulada por la Fiscalía especial surcoreana en abril pasado, en la cual se solicitaban 30 años de cárcel para el expresidente y 25 años para el exministro de Defensa Kim Yong Hyun.
De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía, aquel despliegue de drones en octubre de 2024 tenía como objetivo forzar a Pyongyang a lanzar represalias contra el país, lo que sería usado como pretexto por Yoon para justificar su declaración de ley marcial, anulada y que posteriormente llevó a su cese y encarcelamiento.
Yoon fue condenado en febrero a cadena perpetua tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial. El tribunal rechazó la petición de la Fiscalía de imponer la pena de muerte al exmandatario.
El expresidente surcoreano ya había sido condenado previamente a cinco años de cárcel por varios delitos en el marco del caso por la declaración de la ley marcial, entre ellos obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos.
La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment.