Los bloqueos en seis departamentos de Bolivia generan una pérdida económica estimada en 2.000 millones de dólares, afectan el abastecimiento de alimentos y combustible, y reconfiguran el equilibrio de poder en el país.
Bolivia registra desde hace más de un mes una serie de bloqueos en las principales carreteras del país. Al menos 80 piquetes están activos en seis de los nueve departamentos, según datos al cierre de esta nota.
Las organizaciones que impulsan las protestas —campesinos, obreros sindicalizados y cocaleros— exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de incumplir promesas de campaña. El presidente ha solicitado diálogo con quienes considera que tienen demandas “legítimas” y ha señalado que otros responden a “intereses narcoterristas”.
La Cámara Nacional de Industria estima una pérdida económica de al menos 2.000 millones de dólares y una caída de las exportaciones por 500 millones de dólares. El corte de carreteras comprometió el abastecimiento de alimentos y combustible en la sede de gobierno, elevó los precios de productos básicos, interrumpió el transporte público y forzó a las instituciones a implementar clases escolares virtuales.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró que el impacto para emprendedores y el sector informal —que supera el 80% de la economía— es “enorme”. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que los bloqueos provocarán una contracción económica adicional de al menos dos puntos porcentuales, sumándose a la contracción del 3% estimada por el Banco Mundial y el FMI.
La politóloga Ana Lucía Velasco señaló que en La Paz “ha surgido la idea de que somos los rehenes del país”. La analista Susana Bejarano indicó que el gobierno saldrá “tremendamente golpeado” por la ruptura con organizaciones populares y la falta de apoyo de sectores conservadores. Bejarano observó una rearticulación de organizaciones sociales que habían estado divididas tras el ciclo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2025).
El dirigente sindical Mario Argollo manifestó que “el gobierno tiene que gobernar para los ricos y para los pobres”. En respuesta, la administración de Paz anunció la creación de un Consejo Económico y Social de carácter consultivo.
Analistas coinciden en que Bolivia atraviesa una transición entre el ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda y un nuevo modelo aún indefinido. Velasco advirtió que el país podría quedar “suspendido en el tiempo” si no se resuelve la situación.