La defensa del exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad presentó un escrito judicial para anular la pericia fonética ordenada y suspender la toma de muestras de voz, al considerar que vulnera la garantía contra la autoincriminación y que los audios fueron manipulados.
La defensa de Diego Spagnuolo, uno de los procesados en la causa por presuntos delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un nuevo escrito ante la Justicia para reclamar la nulidad de la pericia ordenada sobre los audios incorporados al expediente y suspender cualquier medida destinada a obtener muestras de su voz.
El planteo, firmado por el abogado Pablo Parera, cuestiona la decisión judicial que ordenó convocar a Spagnuolo para aportar material de comparación fonética y sostiene que esa medida vulnera la garantía constitucional que impide obligar a una persona a declarar contra sí misma. Según la presentación, la resolución dispuso que el imputado aporte “el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, lo que, a criterio de la defensa, lo convierte indebidamente en “sujeto de prueba”.
“La orden fue emitida sin su consentimiento y lo ubicó como sujeto de prueba”, sostuvo el escrito. La defensa afirmó que “los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba” y argumentó que la garantía constitucional prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional opera como un límite para ese tipo de medidas. Además, sostuvo que la citación de Spagnuolo para aportar su voz “sin haber requerido que previamente preste su consentimiento” constituye un “forzamiento de colaboración ilegal”.
El escrito apunta directamente contra los audios que dieron origen a buena parte de la investigación. La defensa afirmó que las grabaciones presentan signos evidentes de manipulación y cuestionó su autenticidad. “Las características específicas de los audios permiten visualizar que se trata de un monólogo”, señaló el planteo, al remarcar que en los registros solamente se escucha una voz pese a que el contenido reflejaría conversaciones entre dos o más personas. Según la presentación, ese dato permite inferir que “los audios fueron manipulados previo a su ingreso al expediente por haberse suprimido la voz de uno de los interlocutores”. Incluso fue más allá y sostuvo que las grabaciones podrían haber sido construidas mediante “un ensamblaje de distintos fragmentos de diversas comunicaciones en un único documento”.
La defensa también advirtió sobre una eventual hipótesis de provocación. “La ausencia del otro interlocutor abriría la hipótesis de que aquella voz fue suprimida, mediante una artimaña digital, para disimular una provocación o incitación que se le realizó al hablante”, afirmó.
Otro de los argumentos utilizados es que la legalidad de los audios ya está siendo investigada en una causa paralela que tramita ante el Juzgado Federal N°12. Según recordó la defensa, allí se analiza si existieron actividades prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia consistentes en la “captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas”. El escrito destaca que el propio juez de ese expediente consideró que el peritaje destinado a determinar el origen y autenticidad de las grabaciones es “esencial para el curso de esta pesquisa”. “Del resultado de dicho estudio depende la verificación —o el eventual desvanecimiento— de las afirmaciones denunciadas”, citó la defensa.
A partir de ello, sostuvo que resulta improcedente seguir utilizando los audios como prueba mientras su legalidad continúa bajo investigación. “Si la legalidad de un elemento se encuentra bajo investigación no corresponde utilizarlo, apresuradamente, como elemento de prueba en otro expediente”, afirmó.
Con esos argumentos, Spagnuolo pidió que se declare la nulidad de la resolución que ordenó obtener muestras de su voz, que se excluyan los audios del expediente y que se suspenda cualquier pericia hasta que la Justicia resuelva los planteos pendientes. Además, reclamó que se invalide toda la actividad procesal posterior a la incorporación de las grabaciones, al considerar que se trata de prueba contaminada. “Quedó sin dudas advertida la realización de una pericia respecto de un material de dudosa procedencia y validez”, concluyó la presentación.